Desde un primer momento hemos censurado los criterios con los que el Gobierno nacional expidió reglamentos, en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, respecto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Junta Central de Contadores.
Estas entidades han puesto por escrito en mensajes dirigidos al ministro de Comercio, Industria y Turismo, como entidad a la cual están adscritos, y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como autoridades de regulación, la grave situación por la que atraviesan, que también tiene registro en los informes de gestión.
No obstante, el Gobierno no ha hecho nada al respecto. Para algunos, debe realizarse una reforma legal; para otros, las funciones deben ser confiadas a un colegio profesional. No sabemos cuánto tiene que ver, pero es innegable que las funciones de los dos órganos de la profesión contable mencionados implican muchos más recursos financieros de los que se les han asignado en los últimos 13 años. Es decir, esta situación es crónica.
Cada parte interesada debe hacer lo que le corresponde frente a esta crisis. La profesión debe ayudar y exigir a sus órganos que actúen con mayor nivel y visibilidad, pensando en todos y no solamente en los contadores.
Mientras existan personas que crean que estos son espías del Estado, auxiliares de este, funcionarios forenses que apalancan procesos sancionatorios administrativos, los contadores no gozarán del favor del público, así se crea, sin prueba alguna que lo corrobore, que contribuyen a la confianza en las relaciones económicas.
Por otra parte, los órganos de la profesión ni acuden sistemáticamente al apoyo de la profesión ni esta les ofrece tal apoyo. Mientras tanto en otros países del mundo ha sido la propia profesión la que ha puesto en el mejor lugar a sus órganos.
Estos, aunque son parte de la profesión, se deben a los intereses públicos y no a los intereses del gremio y menos a deseos individuales, como lamentablemente se ha observado.
En varios países junto a los contadores se vinculan personas competentes procedentes de otras partes interesadas, con lo que se garantiza un mejor entendimiento de los empresarios y los mercados, y una mayor neutralidad a la hora de decidir.
Mientras no se supere el abismo relatado, no podremos esperar pronunciamientos e investigaciones verdaderamente técnicas ni una supervisión de talla mundial. Los cuerpos colegiados formados por personas de alto nivel, con suficientes auxiliares competentes y con acceso a otros recursos de personal, financieros e infraestructurales, son muy costosos.
Para poner los pies en la tierra, los contadores, como expertos que son, deben presupuestar las acciones de los dos órganos. El punto es que se trata de un presupuesto base cero.
Hernando Bermúdez Gómez
Editor de Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 6662, 13 de junio de 2022