Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Luz M. Vargas, se quieren poner obstáculos a los contadores públicos recién graduados.
Hernando Bermúdez dice que no está defendiéndose la profesión, sino entregándose más a las autoridades.
Desde el punto de vista de Juan Fernando Mejía, a los contadores se les quiere cobrar por todo.
Para bien o para mal los proyectos que buscan modernizar la profesión contable andan en boca de los profesionales. ¿Cuáles son los peros que hay? Aquí exponemos algunos puntos de vista.
Hernando Bermúdez Gómez, editor de Contrapartida, Coordinador del Centro de Estudios en Derecho Contable, profesor asociado del departamento de Ciencias Contables de la Universidad Javeriana, opina en Régimen de la contaduría pública: una propuesta que no defiende nuestra profesión que hoy nadie tiene la calidad de órgano de gobierno de la profesión:
Ninguna entidad administrativa puede imponer obligaciones a un contador como profesional. Normalmente pueden regular el comportamiento de las personas sometidas a su competencia, por ejemplo, la persona jurídica vigilada, pero no tienen poder para determinar el comportamiento de sus empleados.
Para él, es curioso que las propuestas, como la presentada ante el CTCP, no defiendan la profesión, sino que la entreguen aún más a las autoridades: «Si se quiere que en el futuro una autoridad administrativa regule la remuneración de los contadores, debe profundizarse más en la ley, pues sin duda esto toca cuestiones esenciales del derecho a ejercer una profesión y del derecho al trabajo».
Una cosa es hablar de tarifas mínimas y otra acabar el libre mercado mediante una regulación de las compensaciones, con lo que no estamos de acuerdo, manifiesta. Debe resolverse quién será la autoridad en materia del derecho de los mercados, competencia y consumo. Hoy en día nadie, ni la Superintendencia de Industria y Comercio ni la Junta Central de Contadores –JCC–, actúa en esta materia: «Han manifestado opiniones inaceptables que equivalen a bajarse del caballo por las orejas».Luz Mila Vargas, abogada especializada en derecho disciplinario, comercial y financiero, y quien se desempeñó como asesora jurídica de la JCC, en diálogo con Actualícese se refirió al proyecto de ley de la JCC de convergencia contable II.
Resalta que este proyecto viene desde siete años atrás y lo que han hecho en este tiempo es cambiarle el nombre; además, «atenta contra el futuro de la profesión contable».
Para ella, el proyecto de ley de la JCC tiene el objetivo de un recaudo exagerado de recursos, lo que va en detrimento de los profesionales. «Es como ponerle más impuestos a un profesional. Para los contadores sería del 1 % por ejercer su profesión, lo que sería lesivo», indica.
Juan Fernando Mejía, contador público certificado en IFRS por la ACCA y por el Banco Mundial, docente y CEO de globalcontable.com, recuerda en Actualícese que, en medio de las discusiones del proyecto que se entregó al CTCP, el Comité de Antioquia propuso pertenecer a una colegiatura obligatoria.
La propuesta indica que los contadores públicos deberán pagar «cuotas de inscripción, cuotas mensuales de sostenimiento, cuotas extraordinarias, pagos de inscripción de los solicitantes a contadores y sociedades de contadores, pagos por la renovación de las tarjetas profesionales, por la expedición de certificaciones y por legados y donaciones».
Para él, esto es claramente un impuesto indirecto que se le pagaría a una colegiatura profesional contable de carácter obligatorio, no al Estado.
En su exposición, Mejía hace memoria de las palabras de Tito Livio Caldas, abogado y fundador de Legis, para quien las colegiaturas son una estructura burocrática que favorece intereses particulares.
Estas también limitan la competencia y se convierten en entes paquidérmicos y burocráticos. Además, acaban con la libertad de trabajo de los profesionales no afiliados, e impiden la libre competencia.
Son organismos con funciones públicas, pero de iniciativa privada, lo que hace que caigan en desviaciones, abusos y «roscas inamovibles y corruptas».
Para Vargas, el proyecto de la JCC representa un riesgo para la profesión contable; por ejemplo, cuando se propone que para obtener la inscripción como contador público se requieren tres años de experiencia, dos de los cuales deben ser posteriores a la obtención del título. «Aumentarlo a tres en las actuales circunstancias es un despropósito», opina.
Según su punto de vista, hoy para un profesional contable recién graduado es muy difícil encontrar donde ejercer su práctica:
No es fácil. A veces se pueden demorar un año esperando conseguirla. Aumentarla a tres implicaría prácticamente casi que esperar entre 8 y 10 años para poder obtener la calidad de contador público y ejercer su profesión.
Por lo anterior, considera que el proyecto de ley de la JCC pone en riesgo el futuro de la profesión, sobre todo, para quienes están próximos a graduarse:
Desde el punto de vista laboral, con este artículo, mientras un estudiante próximo a graduarse está haciendo su práctica, los honorarios por varios años serían de un salario mínimo para medio subsistir.
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