Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Jairo Gamboa, la crisis de la formalización laboral en Colombia se ve afectada por factores como el género, la edad, el nivel educativo y el salario mínimo.
Reformas laborales, pensionales y fiscales aliviarían un poco las obligaciones patronales y harían más inclusivo el mercado laboral.
Para Jairo Gamboa Alvarado, abogado especialista en derecho administrativo laboral y de relaciones industriales de TG Consultores, discutir un salario mínimo por regiones sería crear desigualdad en el crecimiento de las regiones y en el proceso de concentración de los ingresos de los trabajadores.
Considero que el aumento del salario mínimo en Colombia fijado para el 2022 no fue exagerado, pues era una deuda histórica que el país tenía con la clase asalariada.
Recordemos que en Colombia el porcentaje de personas que viven del salario mínimo es muy alto y, como si fuera poco, hacen parte de una población vulnerable, informal, rural y de escasos recursos, por lo que necesitan que el valor adquisitivo de los ingresos que devengan sea proporcional con los gastos que realizan.
Lo anterior cobra mayor importancia si se le suman problemas como la inflación interna y externa, la productividad, el crecimiento económico y la tasa de cambio. De ahí que resulte acertado que ese 10,07 % del aumento realizado afronte mínimamente dichas circunstancias negativas de las políticas económicas del Gobierno nacional.
Ahora bien, considero que económicamente dicho aumento, eventualmente, también beneficiará a los empresarios, pues ello genera que se aumente la demanda, dado que si los trabajadores tienen más dinero, los empresarios venderán más. Adicionalmente, si el salario es elevado, los empresarios se verán obligados a aumentar su productividad.
A esto se le suma el reto que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas de superar las dificultades económicas y perdurar en el tiempo cuando se enfrentan a las exigencias laborales, parafiscales y tributarias propias de las normas colombianas.
Cabe recordar que el año pasado el Dane reportó que la informalidad en Colombia era del 48,1 % y la tasa de desempleo del 14,3 %, por tanto, para que haya un decrecimiento de dicha cifra se deben impulsar todas y cada una de las actividades que más aportan a la recuperación del empleo, como el comercio, el turismo, la atención humana, las actividades artísticas e incluso la administración pública.
En ese orden, propender por la formalidad en Colombia no solo va más allá de la fijación de la base económica de los trabajadores, sino que incluso debe ir acompañada de políticas públicas que abarquen todos los escenarios económicos en los que las empresas desarrollan sus actividades comerciales.
Para nadie es un secreto que por causa de la pandemia hay más desempleo e informalidad laboral en Colombia, pero precisamente la fórmula para recuperar y mejorar las referidas cifras inevitablemente será, como ya se dijo, apostar por la recuperación económica, mediante el fomento de la productividad y competitividad del sector empresarial. Igualmente, se ha hablado de la necesidad de incluir reformas laborales, pensionales y fiscales que alivianen un poco las obligaciones patronales o permitan ser un poco más inclusivas.
Según expertos, el mercado laboral se podría ver afectado por el aumento del salario mínimo, pues consideran que el mismo es excesivo y los costos no salariales que pagan los empleadores van en su detrimento y el de su productividad.
Igualmente, los argumentos de las personas que están en contra de dicha medida se centran en determinar que se aumentará la brecha existente entre la formalidad y la informalidad de los trabajadores. Sin embargo, no comparto dicha opinión por lo expresado en líneas anteriores.
Pienso que un salario mínimo diferencial por regiones en Colombia no sería la mejor de las ideas jurídicamente hablando, dado que sí afectaría directamente el mercado laboral y trataría de manera desigual a los trabajadores que de alguna u otra manera realicen la misma labor en una región diferente.
De hecho, tal decisión no solo afectaría los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, sino que iría en contra de la Constitución Política, pues se supone que somos una República unitaria.
Además de lo anterior, modificar el salario mínimo de esa manera crearía más desigualdad en el crecimiento de las regiones y en el proceso de concentración de los ingresos de los trabajadores, logrando así migraciones masivas de trabajadores, se desincentivaría la inversión externa y tributariamente afectarían las regiones más vulnerables que históricamente han sido afectadas por el desempleo.
Recordemos que hoy mismo en nuestro país convivimos con más de 50 millones de personas, divididos entre trabajadores, empleadores, estudiantes, pensionados, entre otros. Por lo que no es lógico determinar tajantemente que, como el costo de vida es más bajo en algunas regiones y el salario mínimo general en Colombia es muy alto, es buena idea establecer dicho salario mínimo diferencial.
Con base en lo planteado por parte de la Misión de Empleo, solo estoy de acuerdo con el seguro de desempleo que garantice durante su duración las contribuciones del trabajador desempleado para los seguros de invalidez y muerte, y para su pensión complementaria de retiro.
Igualmente, con la idea de cambiar la destinación de las cesantías exclusivamente a su propósito original, para evitar que realmente el trabajador se encuentre cesante al momento de terminar su relación laboral.
Sin embargo, todo se basa en reformas y cambios legislativos que, de no tramitarse conjuntamente, podrían generar contradicciones entre sí, no tener el alcance que se busca por la realidad política y económica del país, e incluso llegar a ser inconstitucionales, pues abriría la brecha para que se vulneren otros derechos fundamentales a los trabajadores.
Realmente cualquier propuesta de cambio tiende a ser platónica y no se ajusta a la realidad de nuestro país, por lo que es algo que debe manejarse con mucho tacto si se pretende implementar. En todo caso, es interesante que en esta ocasión participen las centrales obreras, la academia y todos y cada uno de los gremios del sector productivo.
Considero que la idea de una pensión ciudadana es un desacierto de la Misión de Empleo; recordemos que en Colombia ya existe algo similar manejado a través del programa Colombia Mayor, programa de asistencia social que busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, no cuentan con una pensión o viven en la extrema pobreza.
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