Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En EE. UU. se busca imponer una tasa impositiva hasta del 30 % sobre el costo de la electricidad utilizada para actividades de minería de criptoactivos.
En Colombia, el proyecto de ley de regulación de criptomonedas (Ley 139 de 2021) pasó su tercer debate.
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En Colombia, cada vez son más las personas que le están apostando a realizar compras con criptomonedas. Nuestro país ocupa el puesto 15 de países, a nivel mundial, que más transacciones de este tipo realizan en el mundo, lo que demuestra su popularidad.
Según la Dian, en el país hay más de 680 establecimientos donde se permite pagar con criptoactivos. Por ejemplo, con criptomonedas se puede comprar el mercado en Metro, Jumbo y el Éxito, o adquirir servicios de streaming como HBO y Netflix.
En cuanto a los esfuerzos gubernamentales para regular estas actividades, recientemente el proyecto de ley de regulación de criptomonedas en Colombia (Ley 139 de 2021) pasó su tercer debate en la Comisión VI del Senado; un paso más para convertirse en una ley.
Por otra parte, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– ha anunciado que este año quedaría lista la Orientación Técnica 20, enfocada en los criptoactivos.
Mientras en el país se continúa trabajando para regular el tema, en otras latitudes se busca tomar decisiones más allá del simple concepto. Ya se piensa en la tributación de criptoactivos.
El gobierno de Estados Unidos presentó en marzo de este año una propuesta para el presupuesto del próximo año que buscaría imponer una tasa impositiva de hasta el 30 % sobre el costo de la electricidad utilizada para actividades de minería de criptoactivos, lo que serviría para atender los costos económicos y ambientales de esta práctica.
El impuesto sobre el consumo de energía de minería de activos digitales –DAME, por sus siglas en inglés–, propuesto por el presidente Joe Biden, «busca compensar las externalidades negativas provenientes de la minería de criptomonedas, tales como contaminación ambiental, precios más altos de energía e impactos del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima».
El objetivo de este es que quienes practican la minería de criptoactivos paguen una parte justa por ejercer esta práctica y “animar a las empresas a empezar a tener más en cuenta los daños que imponen a la sociedad”.
Se estima que con este tributo se recaudarían cerca de 3.500 millones de dólares durante los próximos 10 años.
Frente a este tema, hay países que están restringiendo la minería de criptoactivos. China, por ejemplo, prohibió completamente esta actividad en 2021, así como otros ocho países.
A pesar de las críticas que ha recibido, el gobierno Biden defiende su posición y sigue argumentando que estas restricciones financieras son necesarias. Además, ha afirmado que beneficiarán a la comunidad estadounidense y el ambiente.
La propuesta no les gustó a los usuarios de criptomonedas. “La minería de bitcoin utiliza aproximadamente lo mismo que los videojuegos, y nadie está pidiendo una prohibición de esos”, dijo el candidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr. “El argumento ambiental es un pretexto selectivo para suprimir cualquier cosa que amenace las estructuras de poder elitistas”, agregó.
La criptominería es un proceso utilizado para validar transacciones entre titulares de criptoactivos, que permite el registro y transferencia de activos asegurados criptográficamente en un libro mayor distribuido (blockchain).
Debido a que implica algoritmos matemáticos complejos, este proceso requiere un importante consumo energético de las computadoras involucradas, lo que se ha ido incrementando en línea con la adopción de estos criptoactivos y la aparición de plataformas como Bitcoin, Ethereum, entre otras.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
