Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El recaudo tributario esperado por el Gobierno no se lograría luego de que se le restaran 200.000 millones de pesos a la Dian, destinados a su fortalecimiento institucional.
El Gobierno debería reducir el gasto primario, aumentar ingresos mediante otra reforma tributaria o recomponer el gasto.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en su informe Análisis del marco fiscal de mediano plazo del 2023 evalúa una serie de variables con las que el Gobierno nacional busca incrementar el recaudo tributario para los próximos años.
Para la entidad, en el MFMP 2023 el Gobierno nacional se acerca peligrosamente al límite impuesto por la regla fiscal basado en una previsión de ingresos que genera dudas.
Primero, es un contrasentido que se prevea un recaudo adicional de 13,3 billones de pesos (0,8 % del PIB), producto de la lucha contra la evasión y elusión tributaria, para el 2024, mientras que en la adición presupuestal aprobada por el Congreso de la República se le restaron 200.000 millones a la Dian que estaban destinados al fortalecimiento institucional de la entidad para la implementación de esta estrategia. «Sin esta inversión, difícilmente se podrá cumplir con esta meta de recaudo», apunta el Observatorio.
Otro punto crítico referente a los ingresos, contenido en el MFMP, es la inclusión de alrededor de 15 billones de pesos adicionales (0,9 % del PIB) provenientes de la recuperación del recaudo que se encuentra en litigios con la Dian.
Estos litigios demoran en promedio 8 años en resolverse. El MFMP proyecta resolver la mitad de ellos en solo un año, sin explicar cómo lo hará.
El observatorio considera que este punto deja más dudas que respuestas en momentos en los que la economía demanda mensajes claros y contundentes sobre los pasos a seguir en materia macroeconómica:
El arbitraje de litigios dependerá del establecimiento de un nuevo marco legal, el cual todavía no se conoce. Incluso en un escenario optimista en el que se recupere toda esta cartera, estos recursos ingresarán por una única vez. ¿Financiará este ingreso ocasional un gasto permanente?
En síntesis, alrededor de 1,7 pp del PIB que se proyectan como recaudo adicional y que sustentan el incremento en gasto público, están en duda, lo que deja al Gobierno nacional sin margen de maniobra para enfrentar alguna contingencia en la que los ingresos estén por debajo de lo proyectado.
Esta falta de maniobra se traduciría en primas de riesgo más altas para el país y, por lo tanto, en mayor pago de intereses. En este caso, el balance total del Gobierno Nacional Central –GNC– podría alcanzar 6,2 % del PIB.
Esto es un asunto crucial para nuestras finanzas públicas. Incumplir la regla fiscal trae consecuencias en términos del pago de intereses de deuda pública, el acceso a la financiación y la estabilidad macroeconómica del país.
El Gobierno debería mejorar el balance primario, bien sea a través de la reducción del gasto primario, el aumento de ingresos mediante otra reforma tributaria o recomponer el gasto, de tal forma que el ejecutivo pueda orientar el gasto público a sus objetivos de política.
Esta última alternativa tiene dificultades en su implementación debido a que no es posible identificar peso por peso el destino final de los recursos desde la formulación del presupuesto, la imposibilidad de identificar el gasto programa por programa y las rigideces de nuestro sistema presupuestal.
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