Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Con la propuesta de reforma pensional el Gobierno deberá definir un régimen de transición que legitime la expectativa de los afiliados.
Tomar el ahorro de los afiliados a los fondos privados para financiar otro gasto conlleva a obligaciones que pueden superar las tasas de deuda pública de mercado.
Juan Miguel Villa, expresidente de Colpensiones, afirma que el Gobierno ha sido consecuente y presentó una propuesta de reforma pensional, tal como lo anunció en la campaña presidencial.
Lo que se busca es dar un vuelco a todo el sistema de protección a la vejez fundado sobre las bases de hacer justicia social con la población adulta mayor de nuestro país. Villa, en el blog del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, opina que:
No existe una regla general para tener un sistema de protección a la vejez perfecto. Dado que las iniciativas fuertes en materia pensional se han originado desde el Ministerio de Hacienda, la prioridad ha sido la sostenibilidad financiera de los regímenes pensionales, al costo de brindar una baja cobertura. Lo contrario hubiera conllevado a una alta cobertura, pero a un costo fiscal significativo.
Hoy se está proponiendo desarrollar una transición a un sistema de pilares donde los beneficios se van acumulando a medida que se cumplen los requisitos.
Villa, quien ha desempeñado diversos cargos en el sector público colombiano y posee experiencia académica como investigador en mercados laborales y de seguridad social, analiza cinco temas que darán mucho de qué hablar en medio de la discusión de la reforma pensional.
Aunque se ha dicho que en un sistema de pilares los cotizantes hasta de cuatro salarios mínimos estarán a cargo de un régimen de reparto administrado por Colpensiones, no se ha explicado cuáles serán los parámetros de retiro, en especial de las tasas de reemplazo.
Cotizar por toda una vida por dos, tres o cuatro salarios mínimos no se traduce automáticamente en pensiones de la misma magnitud. En especial en un contexto donde los salarios y las pensiones están convergiendo a un salario mínimo, en cuyo caso las tasas de reemplazo son de un 100 %.
Tomar el ahorro actual para financiar otro tipo de gasto, tal como se plantea en un primer pilar solidario, conlleva a obligaciones a cargo de la Nación que pueden superar significativamente las tasas de deuda pública de mercado.
Desde los fondos privados se afirma que el ahorro que administran «tiene efectos milagrosos sobre el crecimiento y el bienestar del país».
Al respecto, Villa explica que Colombia no es una economía cerrada en el flujo de capitales y el ahorro pensional es un ahorro forzoso sobre los ingresos laborales de todos los colombianos que no necesariamente obedecen a una dinámica de mercado.
No existe una cifra clara de cuál es el aporte del ahorro pensional a los fundamentales de la economía colombiana y, por lo tanto, es imposible anticipar los efectos de una reducción de este ahorro sobre el crecimiento y el bienestar del país.
El pilar solidario, que promete medio salario mínimo a quienes no cumplan con los requisitos para pensionarse, recibirá presiones mucho más fuertes dentro de 20 o 30 años, cuando los pensionados de hoy aceleren la terminación de su pensión.
La insostenibilidad fiscal en el planteamiento de un sistema de pilares no está sobre los cuatro salarios mínimos de un pilar de reparto administrado por Colpensiones, sino por un pilar solidario sobre el que recaerá la mayoría de las obligaciones.
La Ley 100 de 1993 legitimó la expectativa de los afiliados por edad y densidad de cotización. En ese entonces se definió que mujeres y hombres con edades superiores a los 35 y 40 años, o con 15 años de cotización al 1 de abril de 1994, le aplicaban las reglas anteriores.
Se esperaba que transcurrieran 20 años antes de que el primer colombiano se viese afectado por todo el articulado integral de la Ley 100 de 1993. No obstante, el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó el régimen de transición, generando todo tipo de litigios en contra del Estado y particulares.
Con la propuesta de reforma pensional el Gobierno deberá definir un régimen de transición que legitime la expectativa de los afiliados.
El asunto es que no existe una regla para definirlo, será la misma nueva ley la que contenga las nuevas disposiciones en esta materia.
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