Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Asofondos y el Consejo Gremial se han mostrado preocupados por el proyecto de reforma pensional y el sistema de pilares propuesto por el Gobierno nacional.
Las personas deberían poder escoger la modalidad de pensión que más les convenga y el derecho de elegir quién administra su ahorro.
Uno de los objetivos del proyecto de reforma pensional del Gobierno nacional es acabar con la competencia entre los dos regímenes pensionales existentes en Colombia: el público (administrado por Colpensiones) y el privado (Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos). Además, busca que estos sean complementarios.
Con lo anterior, se busca que todos los ciudadanos hagan parte del régimen público, y que quienes tengan ingresos por encima de tres salarios mínimos coticen el monto adicional, de forma obligatoria, en los fondos privados.
Al respecto, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, ha afirmado a los medios de comunicación que, “los sistemas de reparto no son sostenibles a futuro, porque cada vez hay menos cotizantes por cada pensionado”.
Para él, es sumamente importante que las personas preserven la libertad de jubilarse anticipadamente, así como escoger la modalidad de pensión que más les convenga y el derecho de elegir quién administra su ahorro.
En sus palabras, esto «promueve la sana competencia, impulsa la inversión y el empleo formal. Se debe preservar la propiedad del ahorro en manos de los trabajadores».
Marcela Giraldo García, presidente de Colfondos, comenta en entrevista con Actualícese que en Colombia se nos exigen 23 años de cotización, mientras que en otros países de la OCDE son como 35, 40 o más. «Nosotros estamos arrastrando una expectativa de lograr una condición de pensión que está altamente subsidiada».
Ella entiende que, en lo políticamente viable, el presidente Petro diga que no vaya a tocar parámetros, pero este es un punto de alerta para poner sobre la mesa. «No estamos corrigiendo esta situación y ahora vamos a direccionar al 85 % de la población a un sistema de reparto que, de manera obligatoria, tendrá un subsidio», advierte.
Es grave que se le esté quitando a las personas la posibilidad de elegir. Se está direccionando al 85 % de las personas para que su dinero vaya a Colpensiones.
Para Giraldo, a quienes todavía les faltan muchas semanas para pensionarse y les aplicaría esta reforma recibirían un subsidio de Colpensiones, el cual no necesitan; es decir, forzadamente cotizarían en Colpensiones y recibirían un subsidio. «El mensaje sobre el cual se ha popularizado este cambio es que si faltando 10 años para pensionarme me cambio a Colpensiones, ya no recibiría un subsidio de 1.500 millones de pesos, sino de 300 millones de pesos. No se debería recibir un solo peso de subsidio», afirma.
Con la ponencia, Colpensiones cobraría una comisión mayor a la que hoy piden en promedio los fondos. David Cubides, analista de Alianza Valores, comenta en La República que “para los cotizantes es óptima una menor comisión, teniendo en cuenta el resultado de cada portafolio”. Con la propuesta no se va a tratar de administrar un ahorro privado, sino de funcionar como un sistema de transferencias.
El Consejo Gremial Nacional –CGN–, entidad que reúne 32 gremios nacionales, hizo varias advertencias sobre el proyecto de reforma pensional.
Para el CGN, tal como está planteado el proyecto, traerá efectos negativos para el país. Se deben conocer los puntos que tiene en cuenta el Gobierno nacional para que el proyecto sea viable y sostenible fiscalmente, y para que el objetivo de los pilares solidario, semicontributivo y contributivo sean efectivos.
Los empresarios mencionan tres puntos sobre el pilar solidario que causan zozobra: i) el origen de los recursos para cubrir ese pago, ii) cómo se garantizará la protección al adulto mayor y iii) si ese pilar está contemplado dentro de las estimaciones del pasivo pensional.
Para el Consejo Gremial, también es necesario modificar el umbral del pilar contributivo, que está en tres salarios mínimos mensuales vigentes. La propuesta es que se reduzca entre uno y dos salarios mínimos.
Para los empresarios, modificar el umbral mejora la equidad y reduce el costo fiscal de la reforma en 20 % del PIB en valor presente, lo que iría en sintonía con lo que se ha dicho desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
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