Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para el Banco de la República, un aumento exagerado del salario mínimo pondría en riesgo 46.000 empleos en Colombia.
Un incremento del salario mínimo real en un 1 % aumenta la destrucción de puestos de trabajo.
Se debería modificar la implementación de la política de salario mínimo.
Hablar del aumento del salario mínimo siempre será un tema que elevará la temperatura y en el que diversos puntos de vista saldrán. El porcentaje que se incrementará es el ítem que abre todo debate desde diferentes sectores.
Por ejemplo, Fenalco ya lanzó sus cartas y según cálculos este podría ser del 13 %. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por su parte, espera que con los diálogos que se están desarrollando en estos momentos se llegue a un acuerdo. Y no hay que olvidar que el presidente Petro dijo que tiene la herramienta de establecerlo por decreto.
Un análisis de este punto nos lo entrega el Banco de la República, a través de su ensayo Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia, en el que se estudia a fondo el efecto que hay en el mercado laboral colombiano cuando se aumenta el salario mínimo con un porcentaje alto.
Se advierte que estos aumentos ponen en riesgo el empleo formal, la distribución de ingresos de los trabajadores y sus familias, llevando a la desigualdad y pobreza monetaria en los hogares:
Pese a que se tiene evidencia de sus efectos adversos en el mercado laboral (empleo formal, desempleo e informalidad laboral), los incrementos del salario mínimo suelen ser altos, con los argumentos de que un salario mínimo alto estimula la demanda agregada y tiene efectos redistributivos, sobre lo cual no se tiene mucha evidencia.
Los hallazgos no son alentadores, expone el ensayo. El salario mínimo tiene efectos adversos en los flujos del empleo: reduce la creación y aumenta la destrucción de puestos de trabajo. Así mismo, aumenta la separación y reduce la contratación de trabajadores, todo lo cual conlleva pérdidas de empleo formal.
Si bien hay efectos positivos en el ingreso de la mayoría de los hogares, se observan impactos negativos en los ingresos de las familias más pobres, que corresponden al primer decil. De igual forma, los aumentos del salario mínimo aumentan la probabilidad de estar por debajo de la línea de pobreza monetaria e, incluso, por debajo de la mitad de la línea de pobreza monetaria.
Lo anterior quiere decir, desde el punto de vista del Banco de la República, que la implementación de la figura del salario mínimo en Colombia no está favoreciendo a los hogares más pobres.
Aumenta la desigualdad de los hogares y del grupo de trabajadores ocupados, aunque para algunos subgrupos de ocupados el coeficiente Gini disminuye. También se observan respuestas significativas que implican aumentos en los precios y la inflación como resultado del incremento del salario mínimo.
Un aumento exagerado del salario mínimo pondría en riesgo 46.000 empleos en Colombia e impulsaría la inflación.
Un incremento del salario mínimo real en un 1 % aumenta la destrucción de puestos de trabajo en 0,44 puntos porcentuales (pps), y tiene un efecto de -0,56 pps en la creación de empleos.
Lo anterior se argumenta con el término “costo de cumplimiento” (CC), el cual está asociado con el encarecimiento de la nómina, como consecuencia de los incrementos del salario mínimo. Además, las pequeñas empresas serían las más golpeadas.
Un incremento del 1 % en el salario mínimo real produce una reducción del empleo de alrededor del 1,85 % en los establecimientos más jóvenes y pequeños, mientras que en las plantas de mayor edad es de solo un 0,84 %.
Aunque el salario mínimo tiene entre sus propósitos contribuir con la reducción de la pobreza y la desigualdad, no parece estar lográndolo, concluye el ensayo.
Así las cosas, mediante un diálogo amplio y bien estructurado, el país debería modificar la implementación de la política de salario mínimo y rediseñar la formación para el trabajo, de forma que nos permita incrementar la productividad laboral y, así, reducir la relación del salario mínimo al salario mediano del 90 % que hoy tenemos, al promedio de los países de la OCDE que es del 50 %.
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