Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Óscar Darío Pérez, los proyectos que buscan darles un giro a la contaduría pública y a la revisoría fiscal son una necesidad.
La revisoría fiscal debe conservar su estatus, pero se deben revisar las funciones que le han sido impuestas desde 1971.
El contador deber ser un analista activo y proactivo.
Son varios los contadores públicos que participarán en las próximas elecciones que se realizarán en marzo con el fin de sacar adelante proyectos que beneficien a la contaduría pública.
Uno de ellos es Óscar Darío Pérez, candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia, por el partido Centro Democrático y número 102 en el tarjetón. En el debate Contadores haciendo política para contadores expuso sus diversos puntos de vista.
Apoyando la unidad de la profesión como tantas veces lo he planteado en foros, y la permanente actualización dentro del contexto nacional, pero en un mundo globalizado, para que se pueda competir internacionalmente y reconocer la calidad de nuestros profesionales en las diferentes actuaciones que les son propias tanto en lo privado como en lo público y de las universidades que los forman con calidad.
En el marco nacional, la vigilancia política de la hacienda pública y la economía del país, para el buen uso del presupuesto, especialmente hacia el cubrimiento de las necesidades básicas, el respeto por la riqueza nacional y la seguridad ciudadana, tanto en lo rural como en lo urbano.
En el campo profesional contable apoyaré todos los proyectos de beneficio empresarial y para el ejercicio actualizado de la profesión, fruto del consenso de los contadores o de la amplia mayoría de ellos, en forma clara, sin egoísmos o personalismos.
Siempre lo he planteado y demostrado, como sucedió con el proyecto de estatuto de la revisoría fiscal conocido como el C-09 de 1999, que finalmente en el último momento, por circunstancias de todos conocidas, en el Senado se malogró su aprobación.
Son una necesidad, en congruencia con la Ley 1314 de 2009 respecto de la convergencia de la información contable hacia Estándares Internacionales, siendo claro en la diferencia que debe existir para las grandes empresas, las pequeñas y las microempresas, armonizándose en lo ético la Ley 43 de 1990 con lo pretendido desde el IESBA, sin afectar los valores nacionales.
La revisoría fiscal debe conservar su estatus, generando el valor agregado esperado sin afectar la independencia que la debe rodear frente a la gestión de los administradores, pero con una revisión de las diferentes funciones que le han sido impuestas desde el año 1971, acorde con los avances tecnológicos.
Establecer si le son aplicables o no las Normas de Aseguramiento para lo esperado por el Estado y los inversionistas. Reestructurar la gobernanza de la profesión en el país, revisar el proceso disciplinario, ampliar el tiempo en la capacidad sancionatoria por tratarse de un fedatario público en materia contable y clarificar la dosimetría disciplinaria para las posibles sanciones.
Si existe unidad profesional, como lo digo, serán una realidad; de lo contrario, por intereses personales que busquen entorpecer la renovación y el mejoramiento de lo existente, será muy difícil. Hay que ser realistas dentro de la concepción socioeconómica del país.
La mejor forma de venderlos es demostrar el beneficio de los proyectos para Colombia y el consenso de la profesión en torno a ellos, con aportes positivos hacia las empresas y su armonía en el campo internacional con los estándares acogidos con base en principios y normas internacionales que permitan la competencia empresarial, una información de calidad y verídica que no sea proclive a evitar las denuncias contra la corrupción.
Si se hace una buena labor en materia de control político sobre los recursos del Estado y las actuaciones son claras, con mensajes de honestidad y lucha contra la corrupción que le debe ser propia al contador público las puertas que aún no están abiertas se abrirán por la credibilidad que emanen de sus actos, denuncias y debates serios sobre los intereses sociales, económicos, fiscales y de control, con una mayor participación en la política del Estado y su administración. La credibilidad se gana, no se impone.
Han llegado por sus credenciales personales, de partido o movimiento, pero no porque la profesión los haya apoyado abiertamente, y eso que no existe una sola empresa o entidad pública o privada donde no haya un contador. Sus deberes han estado o están con el país y sus electores en busca del bien común.
Se apoyó la creación constitucional del Contador General de la Nación; defensa de la credibilidad en el contador público: leyes anticorrupción, control fiscal; creación del sistema nacional de control interno; participación en la convergencia hacia Estándares Internacionales; apoyo a la Contraloría General de la República para el ejercicio de su fiscalización; y separación del ejercicio del control fiscal y la auditoría general de la nación. Debe abrirse un mayor espacio a las participaciones territoriales tanto en el Gobierno como en las corporaciones.
En nuestra profesión de contador, la justicia se debe enfocar hacia las reformas que sean necesarias para fomentar o devolver la credibilidad en ella. Se debe buscar una racionalización en las funciones que les son propias a los revisores fiscales, la adecuada y oportuna reglamentación de las leyes en las cuales se ven involucrados, tales como la reforma al Código de Comercio o su reglamento y demás reformas a las cuales ya me referí y, sobre todo, una revisión al procedimiento en el derecho disciplinario para los contadores públicos.
El contador público como parte activa de la sociedad debe estar habilitado para el ejercicio de su actividad en cualquier cargo que le sea requerido por la sociedad, demostrando probidad y rectitud en el marco de su competencia.
Para ello su preparación universitaria es fundamental, dentro de un marco ético que le abra cada día más puertas en lo nacional e internacional. La claridad legal en las actividades que le son propias es clave, y su oportuna reglamentación, a lo cual ya me referí.
El contador profesional no es un técnico, es un analista activo y proactivo en lo privado y en lo público. El contador público acorde con un principio hoy vigente de la Lay 43 de 1990 debe ser lo suficientemente responsable para acatar la competencia y actualización debida que lo debe caracterizar, dando en su actuar un valor agregado, especialmente hacia el sector empresarial, que es su razón de ser.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
