Etiqueta: enero 30 2018

Las inversiones de una persona natural que esté obligada a llevar contabilidad deben ser incorporadas en sus informes financieros, sin perjuicio de tener que cumplir requerimientos específicos de las autoridades de supervisión o de otros usuarios. Por otra parte, si la persona natural no puede separar sus bienes personales de la contabilidad de su actividad comercial, y esos bienes han sido adquiridos con recursos derivados de la citada actividad comercial, los bienes personales y los hechos económicos de la actividad comercial deberán estar solamente en la contabilidad de la persona natural.

El CTCP precisa que el marco técnico normativo pleno, el marco técnico normativo para pymes y el marco técnico normativo para microempresas, no se ocupan de los aspectos relacionados con soportes, comprobantes de contabilidad y libros.

El CTCP precisa que la firma de estados financieros reexpresados implica una labor adicional del revisor fiscal vigente, diferente a la inicialmente contratada, lo cual implica una labor complementaria de revisión y cobro de honorarios adicionales.

La efectividad de la garantía no solo se suscribe a la calidad del objeto vendido o del servicio prestado, sino también al cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato, en donde existe la oportunidad en la entrega del bien o en la prestación del servicio, pues no hacerlo o dilatarlo, constituye una vulneración a los intereses legítimos de los consumidores, dejando que las expectativas y necesidades adquiridas por efectuar la compra queden insatisfechas. En el caso estudiado por la SIC, el consumidor solicitó la cancelación de la afiliación a un gimnasio debido a una lesión en la espalda; sin embargo, el gimnasio siguió descontado, de la cuenta de ahorros del consumidor, los valores correspondientes a la prestación del servicio, sin dar respuesta a la solicitud de cancelación. De acuerdo con la SIC, dicha situación constituye una violación a la garantía, por lo que ordenó la devolución de los dineros descontados al consumidor.

El CTCP recuerda que todas las personas naturales y jurídicas que lleven la contabilidad deberán aplicar los nuevos marcos técnicos normativos, según el grupo al que pertenezcan, y además, realizar las conciliaciones fiscales pertinentes.

La tarjeta profesional del contador público emitida por la Junta Central de Contadores – JCC– es la encargada de acreditar que esa persona se encuentra facultada para desempeñar el cargo de contador público, y por tal razón, se considera documento público. Por otra parte, teniendo en cuenta la inhabilidad establecida en el artículo 48 de la Ley 43 de 1990, el contador público no podrá ser contratado como contador de una entidad por el término de un año, a partir de la fecha de su retiro como auditor independiente.

Respecto a si los usuarios a quienes se les haya proferido un acto administrativo de suspensión del RUT pueden realizar actividades de importación y exportación, la Dian precisa que el Rut tiene como finalidad la identificación, ubicación y clasificación de los sujetos para efectos tributarios, y en consecuencia recae sobre todos los que tengan que cumplir obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por lo anterior, al ser considerado el RUT como único mecanismo para este fin debe tener completa efectividad previa a cualquier actuación de los contribuyentes o responsables en ese ámbito regulado.

La Dian precisa que la responsabilidad del liquidador de una sociedad no es ilimitada y no puede asimilarse a la solidaridad que recae en cabeza de los socios debido a que los liquidadores son solidariamente responsables por las deudas insolutas de la sociedad únicamente en el evento en que desconozcan la prelación en el pago de los créditos fiscales. Este desconocimiento puede darse, o bien cuando la obligación se presentó al proceso para su graduación y no se cancela con la debida prelación legal, o si ante la comunicación sobre la existencia de un proceso de determinación no se realice la provisión para el eventual pago, o bien cuando no se atienda el pago de los gastos de administración. También reitera que esta solidaridad no es la prevista en el artículo 794 del ET para los socios y partícipes por los impuestos que se determinen a cargo de la sociedad y en la prorrata allí consagrada. Igualmente señala que la responsabilidad solidaria de los socios está delimitada en el artículo 794 del ET, y en tal medida puede vinculárseles a los procesos, aun después de liquidada la sociedad y exigirles el pago de las obligaciones según la prorrata de cada uno.