Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Gustavo Cote afirma que con una reforma tributaria estructural el sistema tributario sería menos complejo y más productivo en términos de recaudación.
Los cambios, sin embargo, no se verán reflejados si no hay una efectiva lucha contra la corrupción pública.
El exdirector de la Dian, Gustavo Cote, afirma en diálogo con Actualícese que la clase media colombiana hoy no es la misma de dos años atrás, por lo que no se puede pensar en un aumento de la carga impositiva para esta.
A raíz de la aprobación de la Ley 2155 de 2021, algunos centros de estudios económicos manifestaron la necesidad de realizar una nueva reforma tributaria este año al considerar los recursos logrados con ella, escasos para atender las demandas de gasto social a partir del nuevo año, así como para avanzar en la reducción de la abultada deuda en las finanzas públicas.
Adicionalmente, dicha ley omitió la derogación de beneficios y la incorporación de normas que, a más de imprimirle progresividad y equidad al sistema, hubieran podido coadyuvar con ingresos tributarios adicionales.
Una reforma estructural demanda la firme voluntad política de introducir profundos cambios al sistema tributario para recuperar la vigencia de los principios constitucionales de progresividad y equidad, además de hacerlo menos complejo y más productivo en términos de recaudación.
Sin embargo, cualquier reforma resulta insuficiente para resolver el problema de los ingresos necesarios para el presupuesto anual mientras el gobierno y la sociedad sean inferiores al reto de asumir a fondo y con efectividad la lucha contra la corrupción pública.
Ese es el cuadro repetido todos los años a lo largo y ancho del país y en todos los niveles territoriales por parte de algunos “empresarios” en contubernio con ciertos funcionarios del Estado para apropiarse del patrimonio público, sumado a la novela reiterada de la demora en la culminación de los juicios penales y la reclusión de los sindicados, durante el proceso o una vez condenados, en sitios VIP y el círculo vicioso de estos, destinando el dinero mal habido a la financiación de campañas políticas de sus hijos, esposas, cuñados, etc., para mantener cuotas de poder en el Congreso, en gobernaciones y alcaldías para continuar delinquiendo. Esta es una película que el país no aguanta más.
Si se llegara a neutralizar este cáncer, la inmensa cantidad de dineros desviados hoy por su acción censurable serían utilizados en forma honesta y correcta, permitirían reducir significativamente la necesidad de cambiar las reglas de juego tributario cada dos años, eliminar la incertidumbre jurídica y favorecer los planes de inversión empresarial.
Como consecuencia de la pandemia, buena parte de la clase media configurada en los años anteriores al 2020 dejó este nivel social para descender e integrar el 42 % de pobres existentes en el país, según cifras oficiales, pues podrían ser aún más.
La realidad del panorama impide pensar en un aumento de la carga impositiva de quienes lograron mantenerse en la clase media. La suma potencial a aportar de manera adicional por esta clase sería ínfima, debido a su restringida capacidad económica. Esta apenas les alcanza para cubrir los impuestos existentes y mantener los gastos familiares básicos.
Los análisis de la OCDE comparando a Colombia con otros países integrantes de este club soportan esta afirmación. Sin embargo, la amplia brecha social en Colombia, en donde unos pocos concentran la mayor cantidad de la riqueza del país, obligan a tomarla con pinzas para no caer en el error de pretender gravar a las personas naturales de ingresos medios y bajos, como lo pretendía la primera reforma tributaria del 2021 impulsada por el presidente Duque y el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
Para evitar repetir lo vivido debe recordarse el efecto de esta frustrada propuesta: una justa protesta social reprimida con el uso desproporcionado de la fuerza y violando derechos fundamentales, y con las consecuencias dolorosas para muchas familias colombianas por los muertos y lesionados permanentes producidos en el fragor de los enfrentamientos, lo cual se hubiera podido evitar con un poco de cordura y sentido común de los altos funcionarios.
Discrepo de hablar de “cobrarles impuestos a los ricos y superricos”, porque el universo de personas objeto de dichos calificativos tan generales y etéreos es muy difícil de concretar. Igualmente, la afirmación en sí misma puede generar connotaciones sin cabida en el análisis objetivo y serio del tema impositivo.
Prefiero hacer referencia a las personas naturales con altos ingresos, a los propietarios de bienes improductivos y a los dueños de grandes patrimonios, que efectivamente cuentan con los medios suficientes para asumir el alto costo de asesores y estructurar esquemas de “planeación tributaria” utilizando paraísos fiscales.
Precisamente, una de las críticas a la última reforma se centró en el hecho de haber dejado de lado las sugerencias formuladas de adoptar instrumentos de pago de impuestos por parte de este conjunto de contribuyentes, como lo son el incremento de la carga a los dividendos y la introducción del impuesto a los patrimonios cuantiosos.
Adicionalmente, hace falta un mayor compromiso de la Dian, la Procuraduría y la Fiscalía en sus tareas de control y sanción. Frente a lo anterior, podemos nombrar a los Pandora papers. La cantidad y calidad de la información hecha pública por la investigación periodística permite establecer incumplimientos de algunos de los implicados frente a las normas del Estatuto Tributario, del Código Disciplinario del empleado público y, en determinados casos, del Código Penal, quienes ya deberían estar respondiendo en los procesos administrativos, disciplinarios y penales. El país aún espera respuestas de tales organismos sobre el tema.
Es difícil juzgarlo, pero la realidad es que pretender dicho fin conlleva afectar muchos intereses económicos de integrantes de determinados sectores, quienes en el transcurso de los años han logrado diferentes privilegios impositivos en contra del principio de justicia y el de neutralidad sin representar beneficios reales para la sociedad.
Como siempre, ante una intención de revisar a fondo el amplio mundo de las exenciones y de los beneficios, los afectados mueven sus contactos en las oficinas públicas y con ciertos políticos para pasar cuentas de cobro y mantenerlos vigentes.
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