Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Lo anterior indica que las estrategias que viene implementando el Gobierno para hacerle frente a la corrupción no están funcionando. Entidades como la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría presentan muchas investigaciones y la sociedad se está acostumbrando a convivir con este flagelo.
Transparencia por Colombia informó que entre los 32 países de América evaluados, Colombia está en el grupo con calificaciones deficientes. Para Transparency, la baja calificación del país se debe a la “ausencia de sanciones efectivas y rápidas frente a casos de corrupción así como a la prevalencia de prácticas de abuso del poder en todas las ramas públicas y en diferentes estamentos del Estado”.
¿Qué se está presentando para que este flagelo siga creciendo? Las personas siempre buscan satisfacer intereses como tener dinero y una mejor calidad de vida. Eso es lo que dice Marcela Restrepo, socióloga y directora del área del sector público de Transparencia por Colombia.
En este escenario es donde las normas y las instituciones tienen un papel clave ya que son las encargadas de regular que ese comportamiento no traspase los límites. “En Colombia las normas y las instituciones, incluidas las que regulan los comportamientos de los individuos (Contraloría, Fiscalía y Procuraduría) siguen siendo débiles. Es complejo: en un escenario egoísta, donde alguien quiere sacar ventaja, se roba los recursos públicos y fuera de eso no hay quien lo castigue, es un círculo perverso”.
La Fiscalía tiene 700 investigaciones con personas que trabajan en instituciones, sólo por temas relacionados por salud, 157 de ellas por delitos cometidos desde la administración pública.
En octubre de este año, las autoridades dieron a conocer que cuentan con interceptaciones telefónicas que demostrarían que funcionarios de la DIAN, encargados del muelle de carga del aeropuerto El Dorado, estarían cobrando millonarios sobornos a empresarios para que puedan retirar sus mercancías sin mayores papeleos de las bodegas de inspección y control.
Las investigaciones permitieron identificar a cuatro presuntos personas, quienes estarían involucrados en las presiones económicas a los importadores.
Los investigadores relacionan indagaciones y seguimientos a funcionarios de mediano nivel, quienes son los que tienen los primeros contactos con la mercancía que llega al país.
Los investigados estarían involucrados en la aprehensión irregular y supuesta desaparición de un cargamento de aparatos electrónicos que luego fue vendido de manera irregular.
Resulta que en la Fiscalía General de la Nación se estaban dando rebajas de pena sin motivo alguno, y fue así como tanto el fiscal Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Perdomo decidieron hacer borrón y cuenta nueva.
La cosa está así. Por ahora a los que les ha ido más mal con la Justicia es a los primos Nule y a Mauricio Galofre. Regresaron a Colombia con la idea de un principio de oportunidad que los dejara con máximo 2 o 3 años de cárcel y ahora y tienen una condena de 15 años y está en camino otro proceso que les podría dar diez años más.
El caso del abogado Álvaro Dávila está atrasado. Él ha logrado dilatarlo, pero la Fiscalía está ya decidida a llevarlo a juicio. Los cargos que se le imputan le darían una pena de hasta 20 años. Como lo publica Semana Dávila trató de negociar con la nueva administración de la Fiscalía pero no le gustó la oferta que le hicieron: entre 10 y 13 años de cárcel. Por eso no llegó a ningún acuerdo.
La incógnita aparece al hablar del exalcalde Samuel Moreno. Su caso está como en una especie de limbo. De igual manera pasa con su hermano, el senador Iván Moreno, que está en juicio en la Corte Suprema.
Y la más reciente de este año. La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y el secretario de Transparencia de la Presidencia, Carlos Fernando Galán, presentaron un plan de choque para combatir la corrupción en las cárceles del país.
Como lo publica El Tiempo entre las medidas están el diseño de un plan de acción que parte de un informe de corte de cuentas que presentará en los próximos días la Secretaría de Transparencia. El informe concentrará las denuncias conocidas tanto por esa oficina como por el Ministerio de Justicia, con lo que se buscará blindar de la corrupción y acelerar las investigaciones que están en curso.
Este plan permitirá identificar los riesgos de corrupción; diseñar e implementar un plan de acción para evitarlos y combatirlos; garantizar el acceso a la información y facilitar el control ciudadano así como la respuesta adecuada y oportuna de todas las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía además de blindar los procesos contractuales y administrativos al interior de estos institutos y centros de reclusión del país.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
