4 aspectos que debe conocer sobre la reforma al Sisbén


13 enero, 2017
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

El Gobierno busca que las personas de escasos recursos actualmente por fuera de los programas sociales puedan acceder a los beneficios de Sisbén. El objetivo consiste en evitar que personas inescrupulosas obtengan puntajes bajos de manera irregular para acceder a subsidios que no necesitan.

El Gobierno aprobó una reforma al Sisbén a fin de lograr que este sistema de información, empleado para otorgar subsidios de diversa índole a los ciudadanos menos favorecidos del país, refleje una verdadera justicia social.

Dicha medida, aprobada el lunes 2 de enero de 2017 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES–, busca que el Sisbén señale el verdadero puntaje merecido por cada persona registrada en el sistema.

“se pretende evitar que personas inescrupulosas obtengan puntajes bajos de manera irregular para conseguir subsidios que no necesitan”

Además, se pretende evitar que personas inescrupulosas obtengan puntajes bajos de manera irregular para conseguir subsidios que no necesitan, pues dicha práctica quita a ciudadanos de escasos recursos la oportunidad de acceder a los beneficios otorgados por 20 programas distintos del Estado, como ‘Ser pilo paga’, ‘Más Familias en Acción’, ‘Adulto mayor’, entre otros.

Con corte a agosto de 2016, el Sisbén registró 35,8 millones de personas validadas y 384.000 adicionales “coladas”, cuyos puntajes eran muy bajos en comparación a su realidad económica y social.

Para mejorar la deficiente calidad de los datos registrados en el Sisbén, se propone un ajuste normativo que permita sancionar a quienes manipulen la información para obtener beneficios. Así lo manifiesta Simón Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación –DNP–, «Actualmente, la denuncia ciudadana no tiene consecuencias para la población ni para los funcionarios, situación que debe cambiar con la reforma», quien además indicó que ninguna de las 62 anomalías reportadas por la ciudadanía en 2016 ha tenido efectos legales.

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1. Habrá puntaje más justo y castigos a tramposos

Tras la aprobación de la reforma al Sisbén se espera que las personas registradas en dicho sistema tengan el puntaje que merecen con base en sus ingresos, ya que en la actualidad solo se toma como referencia el entorno en el que viven (vivienda, salud, educación y vulnerabilidad).

La reforma también busca que se castigue a los “colados” sacándolos del sistema y quitándoles los subsidios que hayan obtenido de manera irregular al mentir sobre su situación económica y social.

Además, los tramposos afrontarán procesos legales, así como los funcionarios públicos que permitan irregularidades para otorgar puntajes bajos cuando no sean merecidos.

2. Habrá contrato social con quienes digan la verdad

Según Gaviria Muñoz, la reforma al Sisbén busca suscribir un contrato social en el que el Gobierno se compromete a mantener los subsidios por un lapso de tiempo fijo aun si el puntaje de la persona sube por el uso de la nueva metodología de cálculo que se implementará. El requisito para acceder al beneficio es que las personas deben decir la verdad sobre su situación económica.

Dicha estrategia ha tenido éxito en países como Chile y ya se implementó en el programa ‘Ser Pilo Paga’. El joven que se beneficie de esta ayuda otorgada por el Gobierno podrá conservar la beca durante todo su periodo de estudios, siempre y cuando se mantenga en el programa académico correspondiente.

Así mismo, el director del DNP señaló «Además del contrato social como columna vertebral de lo que será el Sisbén IV, el CONPES dio vía libre a los instrumentos que acompañarán su implementación y que tienen ver, entre otros, con una nueva metodología que corregirá errores de exclusión de personas que verdaderamente necesitan las ayudas del Gobierno».

De acuerdo con lo anterior, por ejemplo, el puntaje de un hogar que se vea afectado por el desempleo de alguno de sus miembros podría bajar para acceder a los beneficios que ofrece el Estado. De acuerdo con informes del DNP, alrededor de 3,7 millones de personas pobres se encuentran por fuera del régimen subsidiado en salud a causa de errores de exclusión en la actual metodología.

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La reforma al Sisbén también busca ajustar las variables consideradas en el cálculo del puntaje para que el programa pueda identificar a quienes precisan ayuda del Estado sin penalizar a los ciudadanos que, con esfuerzo, logran mejorar sus condiciones de vida. Además, dicha modificación permitirá calcular el puntaje de manera diferenciada entre territorios.

3. Se cruzarán más bases de datos

Al respecto, la reforma aprobada mejorará el control del Sisbén para incrementar la calidad de la información. En la actualidad, el DNP compara bases de datos del FOSYGA y la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales –UGPP– y, gracias a ello, ha logrado identificar 384.000 casos de inconsistencias (“colados”) a agosto de 2016.

A partir de 2017, dicha entidad planea realizar cruces con 24 bases de datos de entidades nacionales. Para corroborar la manipulación identificada, la reforma permitirá realizar verificaciones en los hogares y veedurías con el apoyo de los ciudadanos.

4. Formalización laboral y garantía de acceso a la salud

La reforma al Sisbén tiene como objetivo estimular la formalización laboral, pues muchas personas temen perder subsidios si son afiliadas al régimen contributivo de salud, lo que no sucede en todos los casos.

El Gobierno realizará un estudio que analice la pertinencia de mantener o no al Sisbén como instrumento de focalización para el Régimen Subsidiado en Salud. Para Simón Gaviria Muñoz, «La salud es un derecho fundamental y no hay que estar vinculado al Sisbén para recibir ese servicio. Queremos abrir la discusión sobre desvincular la salud del Sisbén, porque el beneficio en salud es muy pequeño y el daño laboral es inmenso».

El cronograma de implementación del Sisbén IV prevé que se recogerán datos en los hogares de 232 municipios durante 2017. Este procedimiento llegará a 358 municipios adicionales en 2018, en tanto que el levantamiento de los 512 municipios restantes se adelantará durante 2019.

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Vale señalar que el proceso será suspendido entre enero y julio de 2018, con el fin de prevenir casos de manipulación durante la jornada electoral.

Este barrido tendrá un costo de $132.000 millones de pesos, de los cuales $70.000 millones serán aportes de la Nación y los municipios contribuirán con los $62.000 millones restantes .

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