Se necesitan cinco millones de firmas para que una serie de medidas destinadas a evitar la corrupción y castigar a políticos y contratistas llegue al Senado, que debe pronunciarse al respecto. De lo contrario, el presidente convocará por decreto a las urnas, donde habrá que obtener al menos 11 millones de votos.
Casos como el del carrusel de la contratación en Bogotá, las maniobras ilegales de los primos Nule, Reficar y el reciente escándalo por el pago de sobornos de la brasileña Odebrecht para contratar obras de infraestructura como la Ruta del Sol, son ejemplos claros de la corrupción que afecta al país. Al respecto, el presidente Santos manifestó que la lucha contra este problema será un compromiso fundamental del Gobierno para 2017.
Por otra parte, Claudia López, senadora del Partido Verde y precandidata presidencial, propuso conformar una coalición política y ciudadana contra la corrupción, a la que Jorge Robledo, senador y precandidato del Polo, fue el primero en unirse.
Esta semana, los congresistas Claudia López, Jorge Iván Ospina, Antonio Navarro, Angélica Lozano y Rodrigo Romero, además del concejal Antonio Sanguino, presidente del Partido Verde, se inscribieron en la Registraduría como integrantes del Comité Promotor para la Consulta Nacional Anticorrupción. Este busca convocar a los ciudadanos a las urnas para que se establezca una serie de medidas destinadas a evitar la corrupción y a castigar conductas de políticos y contratistas que hayan defraudado los recursos públicos.
Para que la organización electoral apruebe la consulta popular, se deberán recoger durante los próximos seis meses al menos cinco millones de firmas. Si se alcanza dicho margen, 11 millones de personas deberán acudir a las urnas y lo decidido mediante tales votos será de cumplimiento obligatorio.