Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Los activos son recursos controlados por la entidad, como resultado de hechos pasados, de los cuales se espera obtener en el futuro beneficios económicos.
Esta definición básica de activo que se presenta en el Estándar Internacional no considera la propiedad legal como un elemento determinante, lo cual se traduce en que para el reconocimiento de este tipo de transacciones la entidad deberá atender el principio de esencia sobre forma y reconocer activos sobre los que no necesariamente tenga propiedad legal; también será posible que en caso contrario la entidad ostente la propiedad legal de un bien, pero este no tenga que ser reconocido como un activo.
Los elementos constitutivos del control no se limitan a la simple tenencia física de un recurso, ni a la titularidad legal. Más bien, las consideraciones sobre el control comprenden aspectos relacionados con la exposición a los riesgos y derecho a los beneficios derivados del activo.
La exposición a riesgos incluye estar expuesto a pérdidas por daños físicos, como pérdida, deterioro físico, incendio, pérdidas provenientes de obsolescencia, baja en precios, baja rotación, baja rentabilidad, etc.
Los derechos a beneficios pueden incluir ganancias por revaluación, el incremento en los precios y la posibilidad de disponer del activo para el uso que la entidad determine.
El recurso se reconocerá como activo cuando la mayor parte de los riesgos y beneficios se encuentre en cabeza de la entidad, y para tal fin entrarán en juego los acuerdos de negociación, en los que se pacta hasta dónde llega la responsabilidad de cada una de las partes sobre el activo; esto es, entrega en la bodega del proveedor, en la del cliente, etc.
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