Actos corruptos: ¿qué tan obligados están los contadores, revisores o auditores a detectarlos?
Los profesionales contables a diario están inmersos en operaciones de movimiento de dinero, compras, gastos, pagos y facturas, que les permiten darse cuenta de actividades que no son normales, y lo cual los pone en una posición de denuncia en caso de evidenciar transacciones turbias.
Los profesionales contables a diario están inmersos en operaciones de movimiento de dinero, compras, gastos, pagos y facturas, que les permiten darse cuenta de actividades que no son normales, y lo cual los pone en una posición de denuncia en caso de evidenciar transacciones turbias.
La empresa pública y privada se ve permeada por la corrupción; un flagelo del cual nadie se quiere hacer cargo una vez es señalado, ya que las excusas son un aliado para evadir justamente eso: la responsabilidad de las personas.
«La independencia mental, la fe pública, la honestidad, la transparencia, la integridad, la conducta ética y el respeto entre colegas, entre otros principios fundamentales para la dignificación de la profesión, se han visto claramente distorsionados por los intereses particulares de unos pocos que olvidaron que, sin objetar, se comprometieron en su momento a servir a una sociedad», dice Natalia Bolívar Londoño, estudiante de contaduría pública de la Universidad Antonio Nariño, en su columna de opinión “La responsabilidad ética y profesional del contador público sin excusas”, publicada en el Boletín Conpucol, seccional Bogotá del mes de mayo de 2018.
Para ella, aquella frase de “los buenos somos más” se puede comprobar y sustentar al revisar las cifras publicadas por la Junta Central de Contadores, que demuestran que, de 235.216 contadores que actualmente se encuentran vigentes en el país, apenas el 2 % han sido sancionados en los últimos 5 años. Entre aquello que afecta la imagen de los contadores públicos, revisores fiscales o auditores, se encuentra el desconocimiento de la realidad económica de la organización, de las actividades que sus gobernadores ejercen sin control alguno, del manejo de los recursos públicos según las disposiciones normativas, entre otras debilidades que han puesto en desventaja al profesional en su calidad, ya sea de contador público, revisor fiscal o auditor.
El pasado 1 de marzo, Día del Contador Público, un estudio realizado por la Universidad Libre expuso que 504 contadores públicos de los 235.216 vigentes en el país han sido sancionados por irregularidades y casos de corrupción en los últimos cinco años. Sara Avellaneda, docente del programa de contaduría pública de esta institución universitaria, y quien participó en la investigación, dijo en RCN Radio que «solo en 2017, señalan documentos de la Junta consultados en el estudio, se investigaron cerca de 1.200 expedientes».
Avellaneda dijo que los casos que más han afectado la profesión se relacionan con la Dian, debido a los desfalcos que se realizaron con el pretexto de devoluciones de impuestos a operaciones de comercio internacionales ficticias. Entre esos, se encuentran los del Grupo Interbolsa, SaludCoop y el “Carrusel de la Contratación”.
Álvaro Fonseca Vivas, contador público y revisor fiscal con experiencia en auditoría financiera, forense y de gestión, explica que, aunque las leyes 1474 de 2011 y 1778 de 2016 nos obligan a divulgar aquellas anomalías que encontramos en el desarrollo normal de nuestras labores profesionales –lo cual no debería ser así, porque es una función profesional, social y ética–, no las cumplimos. «Esta situación es preocupante, mucho más cuando somos preparados en las universidades como contadores, auditores y revisores fiscales», dice. Para Fonseca también «es imperativo que ayudemos al proceso anticorrupción, porque por nuestras manos pasan, entre otros, los documentos, contratos y operaciones realizadas por las organizaciones, y nos convertimos en peritos auxiliares de la justicia o testigos expertos, como auditores forenses, para ayudar a la administración de la justicia. De tal manera, no debería existir corrupción si fuésemos menos negligentes profesionalmente».
Según propone Waldo Maticorena, contador público peruano, miembro del comité de revisión de la traducción al español del IASB, y gerente de IFRS Masters, además de la posición natural de cualquier persona frente a la denuncia de una actividad sospechosa, los contadores tienen un lugar particularmente privilegiado en la lucha contra la corrupción, ya que:
«El contador tiene acceso a información diaria de los movimientos de dinero, compras, gastos, pagos, terceros, cotizaciones, facturas, etc., lo cual le permite evidenciar actividades fuera del curso habitual. Esto lo pone en una posición de denuncia obligatoria en su rol de fedatario público».
Para él, no es obligación de los contadores públicos detectar el fraude o la corrupción, pero, al tener acceso a todo tipo de información, es su deber denunciar, no solo por el bien público o de los accionistas, sino por su propia reputación y responsabilidad como profesional ante la Junta Central de Contadores.