Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El voto de opinión castigó a la clase política en por lo menos cinco ciudades principales: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. La ciudad capital dio un golpe gerencial para redireccionarlo, luego de más de 10 años de abusos y atrasos graves en infraestructura.
Medellín le enseñó al país que el mejor camino es administrar la ciudad con visión social y desarrollo integral incluyente. La infraestructura incluido los servicios públicos no puede dejarse en manos de políticos de turno. Siguió el camino Barranquilla y hoy presenta una metrópoli muy distinta de la que conocimos hace 15 años. Cali en otros tiempos planificó inversión en infraestructura y gestión empresarial, pero hoy sufre por la mala gestión de políticos que no visionaron la ciudad del futuro que integrara al país con el desarrollo de oriente.
Bucaramanga padeció el más grave daño cuando no se eligieron como alcaldes a los doctores Rafael Ardila Duarte y Martha Pinto de Hart. En el primer caso ganó el tristemente reconocido político Iván Moreno Rojas, hoy en prisión por graves indicios de fraudes en la contratación de infraestructura en la alcaldía de su hermano en la ciudad de Bogotá. Esta decisión le costó a la ciudad más de 20 años de atrasos en todos los niveles estratégicos. Un tercer fiasco no era la suerte para los bumangueses de buena fe.
Pero ¿cómo piensa un empresario cuando le cambian el discurso de pagar impuestos por el de cobrarlos? Esto es un canje de paradigma total. Todos los empresarios que ganaron coinciden en que el más grave flagelo es la corrupción. Algunos en su agenda de campaña propusieron algo muy sencillo en su gestión pública: “no robar”.
La estructura tributaria de la mayor parte de los municipios del país está concentrada principalmente en los recaudos de industria y comercio, predial y estampillas. Aquí está el Pareto: industria y comercio, y predial golpean directamente los estados de resultados de las empresas; y estampillas, a los contratistas con el Estado.
Hay restricciones legales a nivel de los tributos territoriales con las normas marco, excepto la ciudad de Bogotá que tiene una legislación fiscal independiente autorizada en la Constitución Política de 1991.
¿Cómo proteger a un alcalde elegido que es empresario de las trampas de mal gusto de parte de los políticos que sienten que perdieron el poder local? ¿Qué hacer para que las famosas “ías” (contralorías, procuradurías) no se conviertan en los verdugos de las buenas intenciones de los nuevos alcaldes que vienen del sector privado?
Los medios de comunicación, la veeduría ciudadana, las universidades, la clase empresarial a través de los gremios, las cámaras de comercio no contaminadas políticamente, tienen tremenda responsabilidad social en este proceso renovador.
Cordialmente,
Gabriel Vasquez Tristancho
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
