Cada vez que se presenta una reforma tributaria el Gobierno sabe lo que expone, mas no lo que saldrá una vez el Congreso dé su visto bueno, por la cantidad de componendas y el proceso de cabildeo del cual se ve permeado. Este es el primer paso para que la estructura tributaria del país se fragmente.
Las 19 reformas tributarias y los cuatro decretos de emergencia que desde 1990 han reajustado la tributación en Colombia crearon una estructura compleja, confusa, volátil, fragmentada y difícil de administrar. Este es el argumento que expone Luis Hernando Barreto, economista, politólogo y candidato a doctor en estudios políticos y relaciones internacionales, en su artículo Impuestos: ¿por qué tantas reformas… y tantos subterfugios?
Barreto expone una serie de situaciones para que lo anterior ocurra. El Congreso es el primer interesado en que cada Gobierno le presente dos o tres proyectos de reformas. «De esta manera, buena parte de los congresistas mantienen su relación de componendas permanentes con el Gobierno, y también recogen los frutos del cabildeo del sector empresarial. Esta costumbre se vuelve a constatar en la ponencia del último proyecto de ley de financiamiento, donde se identifica con nombre propio a cada congresista y su respectiva proposición», explica.
Para él, los Gobiernos saben lo que presentan en cada reforma, pero no saben lo que saldrá del Congreso.
Otro de los factores que influye en que la estructura tributaria de Colombia sea compleja tiene que ver con que el costo de recaudar ahora consiste en sacrificar el recaudo del futuro, por cuenta de las numerosas y poco trasparentes exclusiones, exenciones, reducciones de tarifa o de la base gravable a ciertos sectores, ciertas regiones del país, o ciertos bienes y servicios.
«Si a lo anterior se le suma la costumbre de aprobar impuestos, tarifas y sobretasas con vigencias transitorias, una reforma siempre estará anunciando la siguiente. Por eso, entre otras cosas, cada 15 meses el Congreso está tramitando una nueva reforma», describe Barreto.
Por otra parte, el Estado consolidó las amnistías, cuyo carácter permanente se comprueba desde 1990 con el incentivo para repatriar y sanear capitales (Ley 49 de 1990); y en la reforma más reciente, Ley 1943 de 2018, con el nuevo impuesto de normalización para declarar activos omitidos o corregir pasivos inexistentes.
La última amnistía fue aprovechada por 14.430 contribuyentes, quienes normalizaron activos por 19,3 billones de pesos y liquidaron un impuesto por 2,3 billones. Frente a lo anterior, Barreto plantea la pregunta: ¿la Dian realizó los debidos controles para evitar el blanqueo y lavado de activos, o le dio prioridad al afán del recaudo?
Otras amnistías alcabaleras, como afirma Barreto, son los beneficios de auditoría en virtud de los cuales la Dian se abstiene de revisar la declaración si el beneficiario aumenta su impuesto de renta en un 30 %. Adicionalmente, el contribuyente investigado por la Dian podrá negociar y terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos tributarios.
A manera de conclusión, para este economista, el contribuyente percibe un trato tributario duro, desigual e inequitativo por parte del Estado, y recibe el mensaje de que la evasión y la elusión son amnistiados periódicamente. Si a esto se suma una prestación deficiente de los servicios públicos y la rampante corrupción administrativa, están dadas las condiciones para el incumplimiento tributario.
