Para Jaime Vargas, socio y director de impuestos de EY Colombia, la DIAN debe ser dotada de los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para poder fiscalizar adecuadamente las transacciones y así hacerle frente a la elusión y evasión fiscal.
Para Jaime Vargas, socio y director de impuestos de EY Colombia, la DIAN debe ser dotada de los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para poder fiscalizar adecuadamente las transacciones y así hacerle frente a la elusión y evasión fiscal.
Podemos hablar de los más y de los menos afectados. Por una parte, están los consumidores para quienes el alza de la tarifa fue generalizada, de manera que todos los productos y servicios ya gravados subieron de precio para el consumidor final. Se preservó la exclusión del IVA para los productos básicos de la canasta familiar, pero otros productos, también imprescindibles, que ya estaban gravados al 16%, quedaron gravados al 19%. De una manera u otra, todos perdimos. Por otra parte, sin el recaudo adicional que generará este impuesto, es probable que todos también perderíamos por el déficit fiscal que se generaría.
Ahora bien, al hablar de productores y comercializadores de bienes y servicios, los menos afectados serán los que venden productos y servicios en relación con los cuales la demanda sea más elástica, pues no tendrán que sacrificar rentabilidad para mantener la demanda.
Indudablemente. El tratamiento fiscal preferencial que reciben las entidades sin ánimo de lucro se justifica solamente en la medida en que las labores que realicen produzcan beneficio social.
Los impuestos verdes no deberían verse solo como una estrategia de recaudo, y utilizarlos solamente como eso, pues ello pervertiría su finalidad. Ellos deben ser utilizados como parte de un programa general que busque reducir, controlar o revertir las actividades que impactan el medio ambiente. El recaudo del impuesto al carbono, en la manera en que se estableció, tiene una destinación específica (el “Fondo para una Colombia Sostenible”) y eso es importante, porque es un principio de garantía para que los recursos se utilicen adecuadamente en temas de control y recuperación del medio ambiente.
La DIAN debe ser dotada de recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para poder fiscalizar adecuadamente las transacciones. Debe, además, existir la decisión política de entrar a combatir de frente los focos de evasión que se sabe existen, sabiendo de antemano que el fruto de las inversiones que en esta materia se hagan no se verán de inmediato sino dentro de algunos años. La verdadera reforma tributaria estructural es, sin duda, la formalización y el control a la evasión.
Gana acceso a información sobre los recursos que podrían tener en el exterior residentes fiscales colombianos, y que no están siendo declarados, para someterlos a procesos de fiscalización. Por otro lado, todos estos procesos de intercambio, en la medida en que se hagan efectivos, desincentivan la inclinación que podría existir a no declarar ingresos en Colombia.
Es muy pronto para evaluar la reforma. Estamos muy pendientes del plan a cinco años de modernización tributaria que debería presentar la DIAN a mediados de este año y estamos muy pendientes también de los resultados que puedan venir en materia de fiscalización. Solamente el control a la evasión permitirá evitar futuras alzas de impuestos.