En Colombia los empresarios suelen ser liberales, desean la mínima intervención del Estado – Hernando Bermúdez Gómez

Los tiempos en los cuales se entendía que el Estado protegía el bien común, lo que implicaba que sus funcionarios trabajaran de la forma más diligente y honesta, han pasado. Hoy sabemos que entre los funcionarios del Estado hay muchos que se han apoderado del poder y lo usan en su propio beneficio. Concretamente, los miembros de los órganos colegiados son vistos como personas que cambian votos por privilegios, ayudas, cargos y otras reciprocidades. Un análisis de cómo se forman las leyes, las ordenanzas o los acuerdos, muestra que por lo general se necesita el consenso entre la clase política y los empresarios. Otros dos grupos involucrados en ese proceso son el grupo de interés que promueve la norma en su propio beneficio y, finalmente, la comunidad en pleno. Si los grupos de interés convencen al Gobierno y a los empresarios, se saldrán con la suya. La comunidad en general, teóricamente representada por los elegidos a los cuerpos colegiados, en realidad no tiene quien lleve su vocería, empezando porque su opinión rara vez se ausculta debidamente. Cuando los grupos de interés no convencen, suelen aprobarse normas que no son de su agrado. El Gobierno, los políticos y los empresarios, les imponen sus deseos. Esto esta sucediendo, en mayor o menor manera, en todos los países del mundo, confirmando que el poder y el dinero son grandes atractores de voluntades, al punto que sus profesos pasan por alto los valores humanos, es decir, a sus propios congéneres. Por lo general, quienes conocen a fondo un asunto son los que toman interés en mejorarlo. Lamentablemente muchas veces forman opiniones en su propio beneficio y no en aras del bien común. De esta manera los que más saben pueden no ser suficientemente oídos. Así, muchas veces, las normas resultan aprobadas por personas a quienes les gustan los discursos, pero no saben si ellos son confiables y si lo que sugieren puede llevarse a la práctica.

En Colombia los empresarios suelen ser liberales, desean la mínima intervención del Estado. Como si estuviéramos en 1931, no son muy amigos de las autoridades de supervisión. Por lo mismo rechazan a los revisores fiscales, a quienes aquellas han convertido en el instrumento de la inspección. Probablemente, quien vaya a saber, quisieran reducir a su mínima expresión a la revisoría, bien eliminándola de muchas empresas, como de todas las entidades privadas, es decir, que no negocian documentos en bolsa, bien reduciéndola a una mera auditoría sobre los informes financieros, contratada y subordinada a la administración del emisor. A veces dudamos y a veces no sobre la eventual posición del Gobierno. Dentro de la profesión contable seguramente habrá muchas opiniones divergentes, pero, con seguridad, un grupo significativo apoyará a los empresarios, mientras que se les garanticen formas de trabajo (no a la revisoría, si a la auditoría y a los demás servicios profesionales no regulados). Nuestros sueños enfermizos pueden ser fruto del delirio. En realidad, nadie sabe para donde van las cosas. Pero no van para bien, porque no se ha estudiado la revisoría fiscal y no se la practica.

Hernando Bermúdez Gómez
Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 3556, mayo 21 de 2018