Se requiere que a fin de generar un ambiente de transparencia y ética en las organizaciones, los directivos implementen sistemas que regulen las relaciones entre clientes, proveedores y colaboradores, de manera que existan reglas claras ante situaciones como la recepción de dádivas o incentivos.
Todos los días, desde la infancia, como seres humanos estamos enfrentados a tomar decisiones. Estas, en su gran mayoría, hacen parte de nuestra rutina cotidiana. Sin embargo, algunas de estas decisiones tienen una connotación más importante, puesto que de ellas depende que se pueda generar o no un beneficio para quien las toma o para alguien cercano a él.
Esta situación, que es completamente normal y natural, cuando se lleva al mundo empresarial debe ser tratada de manera especial, garantizando unas reglas claras para todos los colaboradores de la organización.
El año pasado, en una gran empresa brasilera que contaba con una política que impedía a los funcionarios recibir dádivas especiales de sus empresas proveedoras, el presidente de la organización y dos de sus vicepresidentes aceptaron la invitación de uno de los proveedores para asistir a cuatro partidos de la selección carioca en el mundial de Rusia, con todos los gastos pagos.
En su momento estos funcionarios, asistidos por el abogado de la compañía, determinaron que podían recibir dicha invitación toda vez que el proveedor no les estaba regalando los bienes o servicios que generalmente le vende a la empresa y que, por tanto, podían aceptar esa invitación como un gesto de generosidad que no tenía por qué influir a futuro en sus decisiones respecto a la empresa. Estaban tan convencidos que lo dejaron por escrito en un acta.
Este ejemplo, que seguramente genera una reflexión ética sobre la decisión que tomaron estos funcionarios, no es diferente a cuando, como empleados de una empresa, tenemos la posibilidad de decidir o influir en la contratación de un amigo o familiar como proveedor o empleado de la misma organización. En este caso, lo malo no es recomendar, es el hecho de no comunicar el conflicto de interés en el que se encuentra quien pretende (a través de su gestión o decisión) que se favorezca a alguien cercano por razones personales, políticas, religiosas, raciales o por cualquier motivo que afecte la imparcialidad de su juicio. Similar situación se presenta cuando un socio de una empresa busca que se contrate a otra empresa de la cual él también es propietario.
Ante estos casos, que resultan ser parte del día a día de las organizaciones, se recomienda como una buena práctica empresarial la aprobación de una política de tratamiento de los conflictos de interés, que permita garantizar la ética y la transparencia en las relaciones que surgen entre los empleados, directivos y administradores de una empresa con aquellas organizaciones o personas que quieran tener operaciones comerciales o jurídicas con la sociedad para la cual trabajan o prestan un servicio.
En estos casos, en los cuales puede verse afectada la imparcialidad de la persona a la hora de tomar una decisión o influir en ella; se busca que se haga una manifestación expresa sobre su relación con la persona o empresa que puede verse beneficiada con la decisión final. Así mismo, esta persona deberá abstenerse de decidir, delegando dicha responsabilidad en otra persona o grupo que no tenga un problema ético, ni esté bajo la subordinación de quien manifestó su conflicto de interés.
Volviendo al ejemplo de la empresa brasilera, tal vez lo más ético hubiera sido que dicha situación fuera analizada y aprobada o negada por un órgano diferente e independiente de las personas que decidieron para sí mismas. La lucha de las empresas por promover relaciones éticas en su interior debe iniciar por crear reglas claras que sirvan para que quien se vea involucrado en un conflicto de interés tenga la confianza de manifestarlo, sabiendo que no existirá represalia alguna, sino por el contrario, reconocimiento por contribuir a la creación de un ambiente ético y transparente dentro de la organización.