Uso ilícito de criptoactivos, un riesgo que pone en jaque la lucha contra el lavado de activos

Según Asobancaria, el uso de nuevas tecnologías debe alinearse con la Norma Internacional en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. El uso de los criptoactivos representa un riesgo por su vulnerabilidad al LAFT. ¿Qué debe hacer el Gobierno y el sistema financiero al respecto?

La disrupción de las denominadas fintech y las nuevas tecnologías de manejo de información y activos han tomado mayor relevancia en las industrias, al ofrecer productos y servicios innovadores que pueden contribuir a mejorar su eficiencia, pero retan a los sistemas en sus controles tradicionales. Este es el punto de vista de la edición 1194 de la publicación Semana Económica del 22 de julio de 2019 de Asobancaria.

«Este fenómeno ha crecido exponencialmente en los últimos años. Por ejemplo, según datos reportados por Finnovista, en Colombia el número de fintech ascendió a 180 al cierre de 2018, lo cual representó el tercer dato más alto de América Latina después de Brasil con 377 y México con 334», describe la publicación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo de Acción Financiera Internacional –Gafi– ha reiterado su apoyo a estas nuevas plataformas de financiación, que están impulsando la innovación en el sector financiero. Sin embargo, ha resaltado la importancia de que estas nuevas tecnologías se alineen con los estándares de este organismo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo –LAFT–, con el fin de evitar que se conviertan en mecanismos a través de los cuales se blanqueen capitales. «Específicamente, en el caso de los criptoactivos, es imposible desconocer que estos nuevos esquemas representan un riesgo debido a su vulnerabilidad al LAFT», advierte.

Lo anterior se presenta principalmente por la falta de regulación y supervisión que los obligue a contar con sistemas para prevenir la materialización de estos delitos, y la dificultad para identificar tanto la trazabilidad de las operaciones efectuadas por estos medios como de las personas que las realizan. Por ello, se impone un reto a las entidades financieras a la hora de vincular clientes que tengan que ver con este tipo de activos.

«Al respecto, el Gafi ha reiterado la necesidad de que las distintas jurisdicciones donde se utilizan estos medios digitales de intercambio tomen medidas urgentes encaminadas a evitar su uso indebido. En este sentido, se resalta la necesidad de expedir un marco regulatorio a nivel local y regional que logre mitigar estos riesgos y no genere arbitrajes para aquellos productos y servicios basados en el blockchain y los criptoactivos o monedas virtuales», publica Asobancaria.

Para Asobancaria, el Gobierno nacional debe continuar implementando medidas preventivas y represivas que cumplan la función disuasiva de los riesgos LAFT, de manera que estos sean alineados con los compromisos derivados del Informe de Evaluación Mutua; principalmente, los relacionados con: actualizar la evaluación nacional de riesgo, tarea en la que ya se está avanzando con el liderazgo de la UIAF; contar con una base de datos de beneficiarios finales, y aumentar las condenas por lavado de activos con delitos fuente diferentes al tráfico de estupefacientes.

Por parte de las instituciones financieras, desde Asobancaria se piensa que se debe afinar la gestión del riesgo de financiación del terrorismo, cumplir con las obligaciones relacionadas con la identificación del beneficiario final, y mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas –ROS– e incluir el reporte de las operaciones intentadas, con el apoyo de la UIAF.

Desde el punto de vista de la entidad, hoy el panorama es complicado y desafiante. «Estamos observando cómo las líneas que separaban fenómenos delictivos como el narcotráfico, la corrupción pública y privada, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de seres humanos y el uso ilícito de criptoactivos, entre otros, se están desdibujando, y con esta transformación día a día el crimen organizado se fortalece», afirma la publicación.

Por lo anterior hay retos para los reguladores, los supervisores y los sujetos obligados. Asobancaria reflexiona diciendo que es imperativo hacer una causa común para cambiar el paradigma de lucha contra el LAFT mediante la integración efectiva de todos los sectores en la dinámica de la prevención, lo que implica la concepción de un sistema de gestión de riesgos acorde con la realidad del país, con herramientas distintas que demuestren eficacia y eficiencia.

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