«De cada $100 que se pagan en subsidios de pensiones, $65 van a parar al 20 % de la población más rica»

Según Mario Cruz de Fasecolda, cerca de 1,6 millones de adultos mayores reciben un pago bimensual de $150.000 del programa Colombia Mayor, y 2,4 millones no reciben un solo peso; lo que es inaceptable desde lo ético y político. Afirma que las personas que se pensionan lo hacen con mesadas muy bajas.

Mario Cruz, director de la Cámara de Seguridad Social y Vida de Fasecolda afirma en entrevista con Actualícese que de cada $100 que se pagan en subsidios a las pensiones, $65 van a parar al 20 % de la población más rica. Puntualiza que los impuestos recaudados en 2018 fueron del orden de los 144,4 billones de pesos, y que de cada $100 recaudados por impuestos $27 van a pagar los subsidios de las pensiones.

¿Qué obstáculos afrontará el Gobierno a la hora de discutir la próxima reforma pensional?

El primer obstáculo tiene que ver con la impopularidad que genera cualquier reforma pensional, ya que en la mayoría de los casos se deben adoptar medidas que no caen bien en los electorados, como ajustar edades, aumentar las cotizaciones y racionalizar el monto de las mesadas. Este problema se acentúa con las divisiones y bajo respaldo del Congreso a las iniciativas gubernamentales. De allí la importancia de construir acuerdos políticos amplios de manera previa a la radicación del proyecto.

¿Los subsidios que entrega el régimen público es lo que más le hace daño al sistema pensional?

Es uno de los mayores problemas del sistema pensional, ya que lo hace profundamente inequitativo y además genera presiones importantes sobre los recursos públicos. Los casi 39 billones de pesos que se gastan al año subsidiando las pensiones en Colombia van a los bolsillos de dos millones de pensionados, que reciben un subsidio cercano a los 20 millones de pesos anuales. Al mismo tiempo, hay cerca de 1,6 millones de personas mayores que reciben un pago bimensual de $150.000 del programa Colombia Mayor, a la vez que 2,4 millones no reciben un solo peso. Esta es una situación inaceptable desde el punto de vista ético y político.

Por ejemplo, una pensión de 10 millones en el sistema público tiene un subsidio implícito cercano a los 1.000 millones de pesos a valor presente. Esto es así porque los aportes que realiza un cotizante promedio al sistema pensional a lo largo de su vida apenas alcanzarían para financiar una mesada equivalente a un 35 % – 40 % de los ingresos promedio de los últimos 10 años, pero la fórmula que tenemos reconoce pensiones entre el 55 % y el 75 % de esta cifra. El resto del dinero lo acabamos poniendo todos a través de impuestos generales. De cada $100 que se pagan en subsidios a las pensiones, $65 van a parar al 20 % de la población más rica.

El otro tema tiene que ver con la presión que generan los subsidios sobre los recursos públicos. Los impuestos nacionales recaudados en el 2018 fueron del orden de los 144,4 billones de pesos. Esto quiere decir que de cada $100 que se recaudan en impuestos, $27 se van a pagar los subsidios de las pensiones. Esta cifra es el doble de lo que se gasta en el régimen subsidiado de salud que ampara a cerca de 23 millones de personas pobres, y es equivalente a los recursos por transferencias que van a las regiones para atender los servicios de educación, salud, saneamiento básico e infraestructura de todos los colombianos.

¿Qué otros puntos se deben considerar a la hora de discutir este tema?

Déjeme señalarle tres puntos: el primero de ellos tiene que ver con la seguridad jurídica en los temas pensionales. En Colombia, los jueces toman decisiones respondiendo a los casos concretos que se presentan en sus despachos, pero nadie toma en consideración el efecto agregado que tienen estas determinaciones en el sistema como un todo. Estas decisiones, en la mayoría de los casos, han ampliado los derechos de las personas, incluyendo, por ejemplo, nuevos beneficiarios que no estaban considerados en la ley, o relajando las condiciones que se requieren para acceder a una pensión. Esto afecta la confianza de los actores que participan en el sistema respecto a la sostenibilidad de este.

Otro tema de importancia es la información. Parece inverosímil, pero en Colombia no existe un sistema único de información pensional. Estamos en un escenario de “islas” en el que cada administrador lleva sus cuentas de manera separada. Colpensiones, las AFP, el Fonpet, las cajas de retiro del ejército y la Policía, el fondo de los maestros, las pensiones territoriales y las pensiones asumidas por algunas empresas. Hoy en día no sabemos de manera precisa cuántas pensiones se pagan, a qué número de personas, ni cuáles son los recursos usados para este fin. Se requiere hacer esfuerzos para consolidar un sistema robusto de información.

Finalmente, es menester la modificación de los regímenes de inversión de los ahorros del público. Las inversiones tradicionales rinden cada vez menos. Hace unos 15 o 20 años era normal encontrar tasas reales (por encima de la inflación) del 8 % o 10 % anual. Hoy difícilmente llegan al 4 %. Esto se deriva, en parte, de los límites que impone la regulación a ciertas inversiones de mayor riesgo y a la poca diferenciación en los portafolios de inversión de las administradoras. De allí que se requieran innovaciones en este frente.

¿Qué opina de la posición de los fondos privados que afirman que al 95 % de los colombianos le conviene más pensionarse con ellos?

El porcentaje es alto por dos razones: la primera es porque las personas que no se van a pensionar en Colombia, ya sea porque no cumplen los requisitos establecidos en la ley (que son 7 de cada 10), reciben una devolución de sus ahorros mayor en el sistema privado que en el público, ya que el primero solo ajusta los ahorros por la inflación, mientras que el último reconoce un rendimiento, que en promedio ha sido mayor que la inflación. Así, un colombiano que está en Colpensiones y no se puede pensionar apenas recibe una devolución de 5 millones de pesos, mientras que los colombianos que están en un fondo privado reciben en promedio 35 millones de pesos de 2018.

La otra razón tiene que ver con el hecho de que las personas que sí se pensionan (3 de cada 10 colombianos) lo hacen con unas mesadas muy bajas. Cerca del 85 % recibe pensiones menores a los dos salarios mínimos. En todos estos casos de pensiones de mesadas entre 1 y 2 salarios mínimos, los requisitos en el sistema privado son menos exigentes que en el sistema público. En este último se requieren 1.300 semanas de cotización, mientras que en el régimen privado apenas se requieren 1.150 y los recursos que falten para completar la pensión mínima son completados por recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Sobre el 5 % que resulta beneficiado con el régimen público, se trata de las personas que tienen los mayores ingresos en el país, y que sin duda recibirán mejores pensiones debido a los subsidios que reciben vía impuestos generales. En cierta medida, por tratarse de un grupo que tiene vocería y que puede influir en la agenda mediática del país es que se ha malentendido que el sistema público favorece a todos los colombianos.

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