Erick Thompson, de KPMG, y Gustavo Cote, exdirector de la Dian, opinan que aprovechando las discusiones que se presenten en el Congreso para aprobar de nuevo el texto de la Ley de financiamiento, se deben plantear y aprobar nuevas estrategias para consolidar el recaudo tributario de 2020.
Erick Thompson, de KPMG, y Gustavo Cote, exdirector de la Dian, opinan que aprovechando las discusiones que se presenten en el Congreso para aprobar de nuevo el texto de la Ley de financiamiento, se deben plantear y aprobar nuevas estrategias para consolidar el recaudo tributario de 2020.
Con la presentación de la nueva reforma tributaria, el Gobierno nacional seguramente espera consolidar el tema del recaudo tributario. Expertos en el tema manifiestan que para este año no habría problema alrededor del recaudo, pero las dudas comenzarían a germinar a partir de 2020; motivo por el cual hasta se llegó a decir que se tendría que trabajar en una nueva reforma para el año que viene.
Al respecto, Erick Thompson, socio de impuestos y servicios legales de KPMG Colombia, dice en Actualícese que el debate sobre cuál sería el efecto recaudatorio con o sin la reaprobación de la Ley 1943 está abierto e incluso documentado ante la Corte Constitucional.
“Si el Gobierno logra la reaprobación en el Congreso estaría tácitamente renunciando a una reforma tributaria adicional, ya que confirmaría que su objetivo de recaudo estaría cumpliendo su proyección fiscal global, al menos hasta la conclusión de la administración Duque”, afirma.
En otras palabras, para él la señal que da el Gobierno es que si se requiriera de un ajuste fiscal mayor, se recurriría al recorte del gasto público y/o a privatización de los activos del Estado.
Desde el punto de vista de Gustavo Cote, exdirector de la Dian, la oportunidad que tiene el Gobierno nacional a propósito del trámite de la nueva reforma tributaria es invaluable, pues representa la opción de eliminar los beneficios concedidos a los grandes capitales.
“Para no contradecir su decisión política que conllevaba el mensaje de defender lo que había sido aprobado en la Ley de financiamiento declarada inexequible, la ponencia para primer debate en cuya preparación inciden el ministro de hacienda y la Dian, podría ser aprovechada para revisar este punto y promover los cambios necesarios que permitan aliviar los efectos negativos en el recaudo que se derivaban de algunas de las medidas aprobadas con anterioridad», explica.
Cote está de acuerdo con el punto de vista del Observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, el cual indica que la exequibilidad de la Ley 1943 es sinónimo de un mayor recaudo. “Sin lugar a dudas esto es cierto, siempre y cuando el Congreso no vuelva a aprobar las disposiciones que bajan la tributación de quienes tienen una mayor capacidad de pago”, sostiene.
Como lo asegura el observatorio, la caída de la Ley de financiamiento hace más factible cumplir con la regla fiscal y mantener una buena calificación en las calificadoras de crédito, para las cuales su principal preocupación es que los gastos del Gobierno no excedan sus ingresos. “Este aumento de ingresos tributarios reduciría, además, la necesidad que ha manifestado el Ministerio de Hacienda de vender activos del Estado para financiar su funcionamiento”, indica el análisis del observatorio.
Según el observatorio la situación fiscal del país no empeora, sino que mejora con la caída de la Ley de financiamiento, y cualquier insinuación que defienda lo contrario carece de sustento económico.
Precisamente sobre la posición de las calificadoras de crédito, Cote piensa que en contra de todos los inexactos vaticinios que alegaban el ministro de hacienda y algunos gremios, la prudencia de la Corte Constitucional en su decisión de respetar los efectos de la Ley de financiamiento denota seriedad y responsabilidad con los recursos públicos y sin lugar a dudas generó calma en los mercados.
“Las calificadoras de riesgo deben ver la decisión de la Corte como el reflejo de una democracia con instituciones fuertes e independientes que, al margen de lo presagiado, impuso el respeto a principios sagrados que le dan seguridad jurídica al país y a todos los actores de la economía”, recalca Cote.
Por otra parte, para Cote el crecimiento nacional no se verá afectado por la caída de la ley, pues desde su punto de vista el Congreso tiene la posibilidad de adoptar una nueva reforma tributaria que bien puede estimular dicho desarrollo sin sacrificar los recursos públicos y sin castigar a la clase media y a los trabajadores de ingresos medios y bajos.
Sobre la posición del Observatorio fiscal, Thompson opina que si previsiblemente se vuelve a aprobar la ley, el debate se zanjará en los próximos años con frías estadísticas en la mano, comparando el comportamiento del recaudo en Colombia con el comportamiento de su crecimiento económico.