Entre paros y reformas

El 26 de agosto tuvimos una nueva jornada de movilizaciones en las principales ciudades del país, convocada por el Comité del Paro. La razón de esta nueva convocatoria fue manifestar el descontento frente algunos de los puntos del proyecto de reforma tributaria Ley de Inversión Social.

Esto, pese al carácter esencialmente social detrás de este proyecto, el cual busca recaudar 15,2 billones de pesos para continuar, entre otros, con los programas sociales y los de apoyo a las empresas –micro, pequeñas y medianas–, así como estimular la generación de empleo. Basta con una leída rigurosa del proyecto de ley para darse cuenta del compromiso del Gobierno para atender las necesidades de los más vulnerables.

Ahora bien, para que el Gobierno realmente pueda atender estos compromisos, es preciso que el Congreso apruebe la reforma tributaria lo antes posible para disipar posibles dudas, pero sobre todo para poder sustentar los rubros que para estos temas figuran en el proyecto del presupuesto general de la nación –PGN– para el año 2022. Y aquí vale la pena hacer algunas anotaciones.

El PGN para 2022 se estima en 350,4 billones de pesos, de los cuales 168,8 billones provienen de ingresos corrientes, 146,7 billones de recursos de capital, en buena parte de deuda interna y externa, y 11 billones de fondos especiales.

Es decir que el Gobierno se está endeudando fuertemente para financiar el gasto, lo que conlleva implicaciones importantes hacia adelante y amerita, por tanto, un seguimiento riguroso respecto a cómo se gastan los recursos en cada sector. Un ejemplo es el de educación.

Del total presupuestado, 49,3 billones de pesos –el mayor de los rubros– va para el sector de educación. Esto en principio es una excelente noticia, ya que la educación es lo más importante para el desarrollo del país. Sin embargo, no basta con que el monto de los recursos para educación sea alto; es preciso hacer un análisis exhaustivo de la efectividad de este gasto, pues es bien conocida la enorme brecha en términos de calidad y pertinencia de los estudiantes colombianos frente a sus pares en los países de la OCDE, brecha que, además, se amplió por cuenta de la interrupción de los procesos de aprendizaje presenciales.

En preescolar no se desarrollan las competencias cognitivas, sociales y emocionales necesarias en la niñez, y por cuenta de la mala calidad y falta de oportunidades la deserción en la educación media es alta. Claramente, esto es intolerable, más aún cuando lo que se requiere es mejorar las oportunidades de los jóvenes.

Avanzar requiere que nos enfoquemos todos en la buena política pública y en la eficiencia del gasto público.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad