Modernización de la profesión contable

El proyecto de reforma de la profesión contable presentado al Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– es producto de la participación decidida y de los aportes de contadores públicos que integraron los comités departamentales en las diferentes regiones del país. Es un trabajo que merece reconocimiento, pues primó el respeto por las opiniones de los demás, se alcanzó consenso en los temas analizados y se consolidaron las propuestas.

Tiene sentido la realización de un proceso abierto y focalizado en ajustar conceptos y aspectos de la profesión que, con el paso de los años, han evolucionado; es decir,  apuntar hacia una profesión moderna insertada en lo global, sin descuidar las características, aspectos y normativa local. Esta es una oportunidad para incentivar e incrementar las buenas prácticas en el ejercicio profesional, ver el futuro con una perspectiva diferente y no dejar de lado la responsabilidad social que debemos mantener.

Es valioso el ejercicio de convocar a los profesionales contables para tener en cuenta sus puntos de vistas, pues no era una tarea sencilla. La “unión” del gremio se ha visto opacada; bien es cierto que el proceso de armonización a Estándares Internacionales ha salido adelante (aún se siguen emitiendo normas), y desde algunos sectores se escucharon voces en contra. El principal problema se constituyó en no tener claros los objetivos del proceso.

El espíritu y alcance de la Ley 1314 de 2009, además de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– y de Aseguramiento de la Información –NAI–, también comprende la intervención económica y la actividad empresarial. Esto deja en evidencia que se buscó darle carácter homogéneo a la información contable, estados financieros generados al interior de las organizaciones, atendiendo a su incidencia en el entorno económico, financiero y a las necesidades de usuarios internos y externos a nivel mundial.

En tiempos de recuperación económica las competencias del contador público se ponen a prueba. Su idoneidad en la elaboración, certificación y dictamen (cuando exista la obligación de tener revisor fiscal) de estados financieros es fundamental a la hora de analizar e informar las estadísticas de los resultados por parte de los organismos de inspección, vigilancia y control, y de entidades como la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP– que actualmente avala el acceso al Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef–, de gran ayuda para las empresas durante la reactivación.

Con los cambios que se han venido experimentando se han logrado avances significativos. El gran potencial de la profesión mediante su ejercicio ceñido a las normas legales vigentes contribuye al posicionamiento y a la salud financiera de las empresas. Poder seguir con el curso normal de sus operaciones en medio de una crisis y en un mundo cada día más digital ha sido un reto; no menos importante es el trabajo que se lleva a cabo en empresas que enfrentan estados de reorganización e insolvencia empresarial.

Contar con el apoyo del Gobierno para proyectar la profesión, fortalecer el trabajo conjunto y continuar aportando desde el saber (desarrollar el país) se constituyen como aspectos esenciales. Aún tenemos tiempo, hasta el 30 de noviembre de 2021 se puede seguir realizando comentarios y aportes por parte de los contadores públicos con argumentos válidos a favor y en contra de la propuesta presentada. Es un compromiso de todos en pro de la modernización de la profesión. Con la presentación del proyecto de reforma se marca un antes y un después.

Roberto Carlos Torres Aguas
Contador público, especialista en Finanzas, diplomado en Formación para la Educación Superior y en Normas Internacionales Contables e Información Financiera –NIIF–.