Alta regulación y costos laborales no salariales atentan contra la supervivencia de empresas
El Conpes sugiere acciones encaminadas a la flexibilización laboral, teniendo en cuenta las nuevas formas de empleo y los grupos vulnerables como mujeres y jóvenes.
Sugiere estrategias para reducir los costos laborales no salariales y el costo de los procesos de despido.
El Conpes sugiere acciones encaminadas a la flexibilización laboral, teniendo en cuenta las nuevas formas de empleo y los grupos vulnerables como mujeres y jóvenes.
Sugiere estrategias para reducir los costos laborales no salariales y el costo de los procesos de despido.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social y el Departamento Nacional de Planeación –DNP– presentaron el 14 de octubre de 2020 el Conpes de política para la reactivación y el crecimiento sostenible e incluyente, en el que se plantea que la crisis generada por la pandemia ha hecho más evidente los altos costos, en especial los tributarios, de nómina y de apertura y cierre que enfrentan los empresarios.
Ser formal en Colombia es sinónimo de que hay un costo adicional sobre la utilidad bruta anual del 34,3 %, 35,3 % y el 46 % para las micro, pequeñas y medianas empresas, respectivamente.
«Estos costos no solo representan una carga elevada sobre sus ingresos brutos, además, les restan competencia frente a sus pares informales limitando su crecimiento, productividad y generación de empleos de calidad», indica el documento.
Según el Banco Mundial, el 55 % de las empresas en Colombia reportan que las prácticas de las firmas informales son una de las mayores limitaciones para su adecuado funcionamiento.
Esta alta carga regulatoria afecta la baja supervivencia empresarial (tiempo en el que la empresa tiene operaciones activas) en Colombia. De las 124 empresas matriculadas en las cámaras de comercio en 2014, en 2019 solo permanecían activas el 18 %.
Las principales razones de las empresas para justificar su salida son las siguientes:
- Porque la empresa no era rentable (36,3 %).
- Por motivos personales o familiares (23,4 %).
- Por problemas de financiación (13,6 %).
En medio de la crisis generada por el COVID-19, según datos del RUES, aproximadamente 573.000 empresas no renovaron su matrícula mercantil al 1 de agosto de 2020.
En cuanto a la apertura y cierre de las empresas, los costos asociados a estos trámites son muy onerosos y afectan en mayor proporción a las mipymes, quienes son las más vulnerables en esta coyuntura.
Actualmente, indica el informe, la tarifa de renovación es decreciente en proporción de los activos; es decir que las empresas con menores activos asumen una tarifa mayor frente a las que tienen mayores activos. Además, las empresas deben pagar por cada establecimiento comercial que tengan registrado.
Respecto a los costos del cierre, el Conpes indica que para que una empresa pueda realizar esta operación debe tener renovada su matrícula mercantil, lo que significa que debe realizar los pagos por la renovación de la matrícula hasta el año que solicita su cancelación, incluso si no está en condiciones de hacerlo.
«La coyuntura actual afectó negativamente los ingresos de la mayoría de las empresas, y a pesar de esto, las tarifas asociadas a la apertura y cierre de empresas se mantuvieron igual. Razón por la cual, resulta necesario reducir los costos [de] renovación y cierre de las empresas para así acelerar la reacomodación del aparato productivo», advierte el Conpes.
Ajustes para reducir costos de contratación de mano de obra formal
Los costos de la nómina de los empresarios, que representan entre el 9 % y el 22 % de su utilidad bruta anual según el tamaño de la empresa, sumada a la contracción de demanda de bienes y servicios por la coyuntura, son algunas de las posibles causas por las que se disminuye la probabilidad de crear y mantener empleos formales.
Los costos laborales no salariales en Colombia son mayores que en los demás países de la región y de la OCDE.
«Esto a pesar de que la Ley 1607 de 2012 eliminó las contribuciones al sistema de salud y los pagos parafiscales para el SENA y el ICBF, lo cual significó una reducción de 66 % a 52 % de los costos para trabajadores de un SMMLV», analiza el Conpes.
Adicionalmente, estos costos son proporcionalmente más altos para los empleados de menores salarios; por ejemplo, el subsidio de transporte se paga a empleados que devenguen entre uno (1) y dos (2) smmlv, lo que afecta a las personas de menores ingresos.
Puesto que se calcula que un incremento del 1 % en los costos no salariales estaría reduciendo en un 0,4 % los niveles de formalidad, es importante plantear ajustes que permitan reducir los costos de contratación de mano de obra formal.
En lo que se refiere al alto costo de despedir trabajadores, este representa barreras monetarias, así como la rigidez de sus trámites, que incluye en algunos casos solicitud de permisos ante el Ministerio del Trabajo.
Además, al momento de considerar terminar un contrato, se debe tener cuenta el tipo de contrato laboral pactado, si la terminación es de manera unilateral o por justa causa, si se está ante un despido colectivo o si el trabajador goza de una estabilidad laboral reforzada.
«Por las razones anteriores, se deben considerar acciones que estén encaminadas a la flexibilización laboral teniendo en cuenta las dinámicas de la zona rural, las nuevas formas de empleo, incluido el teletrabajo, y los grupos vulnerables como mujeres y jóvenes. También estrategias para reducir los costos laborales no salariales y agilizar y reducir el costo de los procesos de despido de trabajadores», recomienda el Conpes.