Colombianos que recuperen su calificación positiva en las centrales de riesgo podrán pedir créditos bancarios.
Para las centrales de riesgo, personas de bajos ingresos se verían perjudicadas.
Asobancaria afirma que estas medidas son inconvenientes para el sano funcionamiento del sistema financiero.
Colombianos que recuperen su calificación positiva en las centrales de riesgo podrán pedir créditos bancarios.
Para las centrales de riesgo, personas de bajos ingresos se verían perjudicadas.
Asobancaria afirma que estas medidas son inconvenientes para el sano funcionamiento del sistema financiero.
El proyecto de ley de borrón y cuenta nueva va por buen camino. El senador David Barguil, uno de sus ponentes, en su columna Borrón y cuenta nueva, una oportunidad para reactivar la economía, publicada en Kienyke.com, explicó lo que hace falta para que se convierta en ley.
El lunes 4 de mayo de 2020, la Comisión Primera lo aprobó, y de esta forma pasará a consideración de la plenaria de la Cámara para su último debate antes de convertirse en ley.
«Sin embargo, esta discusión no será fácil, ya que tiene la renuencia del sector financiero y, como en los trámites anteriores, serán escuchados sus argumentos en contra del proyecto», advierte el senador.
Como ya el proyecto de ley fue aprobado en tercer debate, pasará a la plenaria de la misma corporación para el último debate y luego se convertiría en ley.
Barguil ha dicho que muchos colombianos con la coyuntura que atraviesa el país no pueden acceder a crédito formal, tampoco pueden conseguir productos o servicios.
«Si recuperan su calificación positiva en las centrales de riesgo, no solamente podrán pedir un crédito bancario, sino que se les abrirán las puertas en todos los establecimientos de comercio y grandes superficies o almacenes de cadena que hoy se las cierran», explica.
Otro es el punto de vista de las centrales de riesgo, las cuales han advertido que, de ser aprobado el proyecto de ley, el crédito podría caer 24 %. De esta manera, como lo publica El Tiempo, las más perjudicadas serían las personas de bajos ingresos en la medida en que el microcrédito se contraería un 10,5 %, los préstamos de libre inversión lo harían en 8,5 % y las nuevas tarjetas de crédito en 24,1 %.
Desde TransUnion advierten que se dejarían de aprobar un millón de créditos en esas modalidades, que representan 12 billones de pesos para microempresarios y personas de menores ingresos que están en los estratos 1, 2 y 3.
«Mientras más amplio sea el historial crediticio de una persona o empresa, mayor es la posibilidad de acceder a recursos de la banca», señala la entidad.
Asobancaria, en su informe Impacto en la información financiera y el acceso al crédito del proyecto de ley 053 de 2018 – Habeas Data, indica que las medidas propuestas son sumamente inconvenientes para el sano funcionamiento del sistema financiero y el desarrollo de la economía local.
Frente a la reducción del tiempo de permanencia del reporte de mora en las centrales de riesgo y la definición de un término para su caducidad, Asobancaria manifestó que se generarían impactos negativos que causan gran preocupación.
“Un ejemplo sería una desmejora en la calidad de la información real sobre el comportamiento crediticio de los deudores, dado que se otorgaría el mismo trato a los deudores morosos y a aquellos que siempre han estado al día en sus pagos”, indica el informe.
Adicionalmente, para Asobancaria, esta iniciativa legislativa estimularía la cultura del no pago, ya que luego de cumplir el período de caducidad los deudores que nunca atendieron sus obligaciones podrían continuar solicitando financiación sin que las entidades que ofrecen este servicio tengan conocimiento de ello.