Esta nueva apuesta hará que la información registrada de los predios no solo se use para el recaudo del impuesto predial. Será un servicio público a cargo de cada municipio –ya no del Instituto Agustín Codazzi–, tendrá una misión que trasciende lo fiscal y atacará la informalidad en la propiedad.
Esta nueva apuesta hará que la información registrada de los predios no solo se use para el recaudo del impuesto predial. Será un servicio público a cargo de cada municipio –ya no del Instituto Agustín Codazzi–, tendrá una misión que trasciende lo fiscal y atacará la informalidad en la propiedad.
El 17 de julio de 2019 el Gobierno nacional presentó el nuevo catastro para bienes inmuebles que pertenecen al Estado y a particulares, sistema que fue aprobado en marzo de este año a través del Conpes 3958. Este catastro brindará información para el recaudo del impuesto predial.
Ahora, el catastro estará definido como un servicio público a cargo de cada municipio, y en lugar de tener un único objetivo fiscal, será multipropósito. De esta manera, el Gobierno busca que no solo sea un canal para cobrar impuestos, sino también para gestionar tierras.
La finalidad de la iniciativa es contar con información precisa y actualizada del territorio, que cada vez más ciudadanos tengan títulos de propiedad sobre sus predios e implementar un sistema más moderno para el catastro.
Actualmente, solo el 5 % del territorio nacional tiene actualización catastral, 66 % de los predios no están actualizados y casi el 28 % no tiene ningún tipo de información catastral. La meta con el catastro multipropósito es actualizar el 60 % del área catastral nacional en 2022 y su totalidad en 2025.
Según el Departamento Nacional de Planeación –DNP– las metas específicas del catastro multipropósito son:
La implementación del catastro multipropósito comenzó con la firma de uno de los dos créditos adquiridos con la banca multilateral, como se estipuló en el Conpes. El Banco Mundial aprobó un crédito por 100 millones de dólares, el cual se suma a un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– por 50 millones de dólares.
Las metas del crédito firmado son actualizar, en primera medida, 5.000.000 de hectáreas, que equivalen a 360.000 predios, así como entregar 65.000 títulos registrados y otorgar a mujeres rurales al menos 26.000 de ellos.
El editorial del diario El Tiempo del 20 de julio de 2019, Una apuesta decisiva, afirma que es fundamental contar con información oportuna y actualizada del territorio, para así tomar mejores decisiones y diseñar políticas y programas que en realidad transformen positivamente la vida de la gente.
“Sin un catastro actualizado y multipropósito, como es el objetivo de esta política, se compromete, incluso, la seguridad jurídica y se hace mucho más complejo contar con herramientas que hagan posible priorizar el gasto público”, indica el diario.
El principal salto que permitirá la nueva política consiste en que este registro no se limite, como ha sucedido hasta la fecha, a información de los predios necesaria para el recaudo del impuesto predial de los municipios. Como consecuencia de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo aprobado por el Congreso en la pasada legislatura, que ya tuvo el visto bueno del Conpes, el catastro será un servicio público a cargo de cada municipio, ya no del Instituto Agustín Codazzi, y tendrá una misión que trasciende lo fiscal.
Desde el punto de vista de la revista Semana, contar con información precisa de los predios del país es un paso significativo para acabar con la ilegalidad y la informalidad en la propiedad de la tierra, y para ayudar al fortalecimiento fiscal y el mejoramiento del ordenamiento territorial del país. “De ahí la importancia de la firma de un crédito por 100 millones de dólares con el Banco Mundial para lanzar una nueva política de catastro multipropósito, con la meta de actualizar el 60 % del área catastral en 2022 y su totalidad en 2025”, afirma la publicación.