En los edificios de uso exclusivamente residencial, dado que no existe obligación de tener revisor fiscal, el máximo órgano social tiene libertad para definir sus funciones. Además de lo anterior, el revisor fiscal potestativo podría no tener la calidad de contador público, caso en el cual, el revisor fiscal no podrá autorizar con su firma los estados financieros ni dictaminar sobre ellos.
El CTCP precisa que, dependiendo del tipo de entidad sin ánimo de lucro, se deberá cumplir con el requerimiento de tener revisor fiscal si el marco normativo aplicable a la entidad así lo exige.
El CTCP recuerda que se deben revisar los montos correspondientes a activos e ingresos brutos del año inmediatamente anterior, registrados en los estados financieros elaborados bajo los marcos técnicos normativos vigentes. Esto, a fin de constatar si la sociedad cumple los lineamientos citados en la norma y de esta forma está obligada a tener revisor fiscal.
El CTCP recuerda que, dentro del desarrollo de las actividades asociadas a la práctica contable, el profesional de la contabilidad debe tomar medidas razonables para identificar circunstancias que puedan originar inhabilidades o un conflicto de intereses. Dichas circunstancias pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales y afectar de manera directa al usuario de la prestación de los servicios.
Las funciones del revisor fiscal deben estar enmarcadas dentro de lo términos de la ley y sus compromisos deben estar definidos a través de un contrato de prestación de servicios profesionales. Ante el incumplimiento de dichos compromisos, y si se considera que las actuaciones del revisor fiscal han puesto en riesgo los intereses de la entidad, se puede presentar queja formal ante el tribunal disciplinario de la JCC.
Entre las funciones y deberes del revisor fiscal, enumerados en los artículos 207 al 213 del Código de Comercio, se encuentra el dar una opinión acerca de la eficiencia y la eficacia del sistema de control interno de la entidad; razón por la cual será responsabilidad del revisor fiscal adelantar las pruebas que a su juicio profesional, considere convenientes para obtener evidencia adecuada y suficiente para formarse una opinión acerca del sistema en mención y posteriormente generar una opinión. Esta última, deberá estar enmarcada dentro de los parámetros definidos en el nuevo marco técnico normativo compilado en el anexo técnico No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016.
El CTCP recuerda, una vez más, que todas las actuaciones del revisor fiscal deben estar alineadas con las funciones establecidas en la ley, a fin de evitar que se materialice una coadministración por parte de este profesional, lo cual va en contra de los lineamientos establecidos en el código de ética para profesionales de la contaduría pública.
El CTCP señala que los revisores fiscales no pueden prestar en la misma empresa que fiscalizan asesorías en temas propios de la ciencia contable, caso por ejemplo de la implementación de los nuevos marcos técnicos normativos contables.
Para la labor del revisor fiscal, las funciones y responsabilidades del contratista y del contratante deben quedar debidamente documentadas por escrito, asimismo, se deben establecer las diferentes condiciones bajo las cuales se prestará el servicio en mención.
Aunque no existe normatividad expresa que genere inhabilidad acerca de la aceptación del cargo de revisor fiscal por parte de un profesional que trabaja junto con el administrador en otra copropiedad, es responsabilidad del contador público evaluar las posibles amenazas que puedan materializarse al momento de aceptar la designación de revisor fiscal de la copropiedad.