El CTCP precisa que la participación del revisor fiscal ante las diferencias surgidas entre el Consejo de Administración y el Comité de Convivencia serán de su competencia siempre y cuando dichos organismos, de común acuerdo, soliciten su opinión; dicha participación debe estar dotada del máximo nivel de independencia, pues de lo contrario se estaría materializando una coadministración que puede afectar el cumplimiento de los principios del código de ética.
El CTCP señala que el revisor fiscal que actúe como principal en sociedades no puede ejercer el cargo en ninguna otra, ni siquiera para suplir la ausencia temporal del principal; una actuación contraria daría lugar a sanciones por parte del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores.
En criterio del CTCP, las jefaturas de áreas de auditoría para entidades privadas, deben ser asignadas a funcionarios que ostenten la calidad de contador público. Asimismo, el concepto señala que el CTCP es un organismo de carácter consultivo respecto a temas en materia contable, y no es competente para opinar sobre conceptos emitidos por las superintendencias.
Las funciones con que deberá cumplir el revisor fiscal que ejerce en empresas comerciales se encuentran definidas en el artículo 207 del Código de Comercio. Para efectos de establecer la responsabilidad de este en cuanto a presentación oportuna de la información exógena, el CTCP precisa que la Dian es la entidad encargada de pronunciarse al respecto.
Si una entidad desea conocer si está obligada a tener revisor fiscal, primero debe revisar las leyes que establecen su obligatoriedad, luego, revisar si existe regulación especial, y por último, revisar los estatutos de la entidad.
El desarrollo de actividades por parte del revisor fiscal materializan una coadministración que puede afectar el cumplimiento de los principios de ética, particularmente el de independencia.
La NICC 1 trata de las responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con su sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros. Esta NICC debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables.
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 43 de 1990, el contador público no puede prestar servicios profesionales como asesor o empleado contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o fiscalizado como revisor fiscal; esta prohibición se extiende por un año contado a partir de la fecha de su retiro del cargo.
El CTCP recuerda que la Corte Constitucional en Sentencia C-621 de 2003 declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 164 del Código de Comercio, señalando un plazo de 30 días para que el máximo órgano social realice la elección o nombramiento del nuevo revisor fiscal, vencido el cual, sin que se cumpla con tal deber, el revisor fiscal deberá dar aviso a la Cámara de Comercio u órgano competente respectivo para que su retiro sea inscrito en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad.
De acuerdo con el artículo 43 de 1990 el contador público no puede prestar servicios profesionales como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de revisor fiscal. Esta prohibición se extiende por un año contado a partir de la fecha de su retiro de cargo.