El CTCP precisa que dependiendo del tipo de entidad sin ánimo de lucro –Esal– y de si el marco normativo aplicable a la entidad así lo exige, se deberá cumplir con el requerimiento de tener revisor fiscal.
Cuando un miembro del Consejo de Administración sea requerido para actuar como revisor fiscal, y este deba dictaminar los estados financieros, deberá tener en cuenta las inhabilidades establecidas en la Ley 43 de 1990, y los conflictos que se derivan por ser parte de la administración, y además emitir un dictamen sobre dichos estados financieros.
El CTCP recuerda que todas las copropiedades de uso comercial o mixto se encuentran obligadas a tener revisor fiscal, y en el caso de que sean copropiedades de uso residencial, es decisión de la asamblea de copropietarios si lo tienen o no. Ahora bien, el revisor fiscal de un copropiedad comercial o mixta no puede ser dueño de un bien privado, no puede vivir en calidad de arrendatario, ni tener filiación de primer a cuarto grado de consanguinidad con los miembros de consejo de administración o el administrador. Pero en el caso de las propiedades horizontales netamente residenciales, el revisor fiscal si podría ser propietario o incluso arrendatario. En conclusión, quien haya ejercido como miembro del consejo de administración, salvo que se materialicen las inhabilidades antes citadas, podrá desempeñar sin problema el cargo de revisor fiscal de la copropiedad.
El CTCP no tiene competencia para pronunciarse acerca de las actuaciones de revisores fiscales y contadores públicos. Si una entidad desea evaluar si las actuaciones del revisor fiscal han puesto en riesgo sus intereses, debe consultar el artículo 45 de la Ley 43 de 1990 y presentar la queja formal ante el tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores.
La inhabilidad señalada en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, referente al conflicto de intereses, solo aplica para actuar como revisor fiscal. No obstante, el contador público debe reflejar en su comportamiento el cumplimiento del principio de independencia descrito en el artículo 37.1 de la Ley 43 de 1990.
La labor del revisor fiscal debe elaborarse con base en las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– incorporadas en la parte 2 del título 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 43 de 1990, el profesional que haya ejercido como revisor fiscal en una entidad se encuentra inhabilitado por un año contado a partir de la fecha del retiro de su cargo para prestar servicios profesionales como contador público en la misma entidad.
Ante la muerte del revisor fiscal, es necesario validar si la sociedad cuenta con la figura de revisor fiscal suplente, quien será el profesional que asumirá las funciones del revisor fiscal principal y emitirá el dictamen sobre los estados financieros. En caso de que no exista dicha figura, será responsabilidad de la entidad realizar el nombramiento de un nuevo revisor fiscal.
Cuando el revisor fiscal no cumpla con la aplicación del nuevo marco técnico normativo, podrá ser objeto de sanciones por parte de los organismos de vigilancia y control a las cuales se presente el dictamen fuera de dicho marco.
Los contadores públicos independientes que en sus actuaciones profesionales distintas de la revisoría fiscal realicen trabajos de auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica, otros trabajos de aseguramiento u otros servicios profesionales, aplicarán las NIA, las NITR, las ISAE o las NISR, contenidas en el anexo 4 del Decreto 2420 de 2015, según corresponda.