En este editorial explicamos en qué casos una entidad deja de cumplir con la obligación de tener revisor fiscal por el 2020 y, en consecuencia, está en la libertad de prescindir de este cargo.
Funciones de auditoría interna se deben mantener al tanto de los anuncios gubernamentales y reglamentarios, y seguir las respuestas organizacionales coordinadas.
Se debe revisar y actualizar periódicamente el plan de auditoría para reflejar el ritmo cambiante de las necesidades de riesgo y garantía.
La cuarentena, como método de contención del virus, hace insostenible en el corto plazo que el revisor fiscal y el auditor puedan ejercer sus labores en las empresas. Por eso, deben establecerse protocolos de cuidado del personal y de manejo de las pruebas físicas y documentales.
Al final de cada ejercicio el revisor fiscal debe presentar un dictamen sobre los estados financieros y un informe dirigido a la asamblea o junta de socios, los cuales contienen un conjunto de aseveraciones en torno a su trabajo y a las conclusiones alcanzadas durante el ejercicio de la revisoría.
En este editorial analizamos algunos de los impactos del coronavirus (COVID-19) en el desarrollo del trabajo del revisor fiscal, entre los que podemos resaltar el surgimiento de riesgos adicionales, la imposibilidad de aplicar procedimientos físicos y la dificultad para la obtención de evidencia.
El revisor fiscal tiene funciones permanentes en una entidad, como son la evaluación del control interno y del cumplimiento legal y estatutario.
En ese sentido, el CTCP se refirió a los efectos que generaría la suspensión del contrato del revisor fiscal en una entidad.
CTCP responde una inquietud formulada y relacionada con la suspensión del contrato de un revisor fiscal debido a las circunstancias ocasionadas por el COVID-19.
Para determinar si un revisor fiscal debe aplicar las NIA o las Naga en la elaboración de su dictamen es preciso prestar atención al grupo de convergencia al que pertenezca la entidad en la cual el profesional contable presta sus servicios. Aquí le contamos más al respecto.
La ley le impone al revisor fiscal una serie de obligaciones frente a la lucha contra el lavado de activos, entre las que destacan la de reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que encuentre en el desarrollo de sus labores y la de denunciar ante las autoridades los posibles delitos que detecte.
En este editorial explicamos cuáles son las tareas puntuales del contador público y el revisor fiscal de una entidad con respecto a los impactos del COVID-19 en los estados financieros de 2019.