Con ocasión del COVID-19, este año ha estado caracterizado por la expedición de un cúmulo normativo tributario, del que una parte fue declarada inexequible, dejando efectos importantes que deben analizarse en detalle.
Con el ánimo de extender las medidas sociales tomadas frente a la propagación del COVID-19, el Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– y el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios –PAP– fueron ampliados hasta el mes de marzo de 2021 mediante la Ley 2060 de 2020.
El piso de protección social, reglamentado por el Decreto 1174 de 2020, busca que las personas que no logran acceder al sistema de seguridad social integral cuenten con un servicio complementario básico.
Durante el año 2020, para reducir los impactos de la pandemia del COVID-19 muchos empleadores tomaron medidas laborales que modifican los términos de los contratos de trabajo, por lo que tienen repercusiones directas en la liquidación de las prestaciones sociales.
Para que la presentación de algunas certificaciones y declaraciones tributarias tenga validez, la ley exige como requisito la firma del contador y en algunos casos la del revisor fiscal, si se da lugar a su participación. Por ello es importante conocer los efectos de esta firma.
Para realizar un adecuado dictamen en los trabajos de auditoría o revisoría fiscal es importante el uso de indicadores financieros. Estos se generan con la información o rubros de los estados financieros, arrojan información que clarifica la situación de la empresa y permiten iniciar con el pie derecho la toma de decisiones.
En medio de la pandemia por el COVID-19, algunas empresas se han visto obligadas a tomar una serie de medidas laborales, tales como la suspensión de los contratos o modificaciones a la jornada laboral, las cuales pueden tener consecuencias negativas para el empleador si no se han aplicado de manera correcta.
El Decreto 2270 de 2019 fue publicado con la finalidad de realizar cambios relacionados con los procesos de contabilización en entidades que califican en el grupo 1, que deben ser aplicados en la elaboración de los estados financieros al cierre contable del año 2020.
La NIA 320 establece la responsabilidad del auditor para aplicar el concepto de materialidad, y la explica como los errores u omisiones importantes en la estructura financiera de la compañía que, de forma individual o acumulada, podrían influir en la toma de decisiones de los usuarios de la información.
La NIA 300 indica que la auditoría de los estados financieros requiere una planificación apropiada, que permita trazar un camino al logro de sus objetivos de manera eficiente. El auditor tiene la responsabilidad de planear esta auditoría para que sea efectiva.