A través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el gobierno nacional aprobó el Decreto 1951 de 2017, por medio del cual se establecieron las condiciones para que los contribuyentes den cumplimiento a las diferentes obligaciones tributarias en el año 2018, entre ellas, las declaraciones de renta de personas naturales, que tendrán lugar entre agosto y octubre del año en curso.
Uno de los temas de mayor trascendencia al respecto de la construcción y consolidación del individuo contemporáneo es el trabajo. Trabajar supone no solo la ejecución de ciertas actividades con fines lucrativos y de sostenimiento, sino también la puesta a prueba del sujeto consigo mismo y con la sociedad de la que hace parte y lo reclama como una figura necesaria para su sostenimiento y modelación.
Todas y cada una de las sociedades comerciales cuentan con características específicas en torno a su constitución, transformación, responsabilidades de sus propietarios, estructura de su patrimonio, entre otras muchas particularidades que conforman a cada uno de los diferentes entes societarios. Sin embargo, existe una verdad innegable que les aúna: el deseo común de obtener el máximo beneficio. Para ello, se integran esfuerzos, dinero, conocimiento y todo lo necesario para la adquisición y posterior reparto de utilidades o ganancias entre los socios o accionistas.
Un contrato es un acuerdo privado suscrito generalmente entre dos partes, bien sea de forma verbal o escrita, con el objetivo de establecer las obligaciones puntuales sobre un asunto específico que compete a quienes lo pactan, así como el valor y la forma de pago, las penalidades por su incumplimiento y la forma en la que las partes pueden dar por terminado la relación contractual.
Una vez establecido el calendario tributario mediante el Decreto 1951 de 2017, a través del cual se determinaron los vencimientos de los impuestos nacionales para el año en curso, se trazó un derrotero a seguir para muchos contadores públicos, en especial, para aquellos cuyas labores se enmarcan en el ámbito tributario.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expide anualmente el decreto de plazos para la presentación y pago de los diferentes impuestos nacionales; gracias a este, los contribuyentes dan cumplimiento a sus obligaciones formales y sustanciales.
2017 fue sin duda un año cargado de importantes retos en materia contable y tributaria para las empresas, en especial para el contador público, sobre quien recae la ardua responsabilidad de direccionar las tareas y procesos que se deben llevar a cabo para cumplir con los requerimientos que establecen las diferentes normas.
Al igual que los activos, los pasivos de una entidad merecen importancia en el reconocimiento y medición de las partidas que componen el estado de situación financiera, sobre todo si se tiene en cuenta que constituyen la fuente de apalancamiento de las organizaciones y que por su nivel (endeudamiento), para el caso del pasivo financiero, la liquidez de la empresa puede verse comprometida.
Los activos, como lo define la Norma Internacional para Pymes, constituyen aquellos recursos controlados por la organización, producto de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener algún beneficio.
¿Son los impuestos un castigo? La Sentencia del Consejo de Estado 15584 de noviembre de 2007 manifiesta: “los impuestos no constituyen un castigo, ni un agravio al contribuyente, sino que surgen de un deber de solidaridad de los ciudadanos, para coadyuvar con las cargas públicas”.