Con el Oficio 413 de 2018 la Dian se pronunció respecto a efectuar el ajuste del parágrafo del artículo 486, en lo que tiene que ver con el Impuesto al Valor agregado – IVA- en el caso de castigo de inventarios por obsolescencia.
Toda entidad emisora de instrumentos de patrimonio que reciba inventarios, deberá reconocerlos por el valor razonable menos los costos de transacción, y la diferencia entre el valor razonable y los costos de transacción reconocerlos como prima de emisión.
Para las SAS es viable acordar condiciones distintas a las generales que el Estatuto Mercantil prevé para la distribución de dividendos. Sin embargo, existe una premisa que se debe respetar, según la cual: la utilidad a disposición de los socios es la que resulta luego de que la compañía atienda todos los gastos y obligaciones que la ley ha impuesto, tales como gastos financieros, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
Cuando, a juicio de la Superintendencia de Sociedades, existan hechos notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas, entre otras, a cambio de bienes, servicios o rendimientos no justificados de una forma financieramente razonable, esta se verá facultada para intervenir, según el artículo 6 del decreto 4334 de 2008.
El agente de retención debe verificar la naturaleza de los pagos, así como si estos corresponden a honorarios o servicios, las circunstancias relacionadas con los ingresos que se percibirán por el contrato en particular, y si los beneficiarios son personas jurídicas o naturales, declarantes o no declarantes.
Para que una entidad pueda dar de baja un instrumento financiero, debe cumplir algunos parámetros plasmados en los párrafos 11.36 11.37 y 11.38 del Concepto 250 de 2018, por ejemplo, cuando el pasivo financiero se haya extinguido.
La Superintendencia de Sociedades señala que el titular de las acciones representativas de capital puede ceder su derecho de dominio y, por ende, ceder sus derechos políticos a otro socio o terceros, a través de contratos de prenda, anticresis y usufructo.
Cabe resaltar que no hay ley que estipule o haga referencia al carácter gratuito u oneroso de los contratos o acuerdos que se celebren en relación con los derechos políticos innatos a las acciones. Por ende, son responsabilidad de cada accionista los perjuicios que ocasione a los demás socios por los contratos pactados.
Finalmente, la Superintendencia de Sociedades trae a colación el concepto 97008759-2 de 1997, donde la misma señala: “Es claro entonces que en las tres situaciones pueden los acreedores prendario y anticrético y el usufructuario ejercer los derechos vinculados a la calidad de accionista, con las limitaciones propias de cada gravamen en particular, sin que la asamblea pueda restringirlos so pretexto de no ostentar ellos tal carácter pues, como vimos, respecto de la constitución de tales gravámenes no aplica la restricción del derecho de preferencia”.
Las propiedades horizontales deben llevar contabilidad, en tanto que se constituyen como personas jurídicas; sus obligaciones se encuentran en el artículo 51 de la Ley 675 de 2001 y en el Decreto 2420 de 2015 se encuentran los requisitos del marco contable que deben aplicar las entidades del grupo 2 y el grupo 3.
Es importante que en la administración de entidades públicas se tenga claro los marcos técnicos normativos aplicables a la organización, con el fin de presentar estados financieros adecuados que faciliten la toma de decisiones y se cumpla con los diferentes requerimientos de los entes de supervisión.
Actualmente, los contadores públicos de Colombia no tienen la obligación de obtener una certificación en Normas Internacionales. Sin embargo, debido a las circunstancias actuales, para ejercer la profesión contable es necesario estar actualizado con el fin de poder aplicar los marcos técnicos normativos.
La Supersociedades señala que, en su criterio, si a través de la fusión se integran el patrimonio y las empresas de las sociedades participantes, le es dable a la absorbente invocar como suya la experiencia de la sociedad absorbida, ya que ésta también entra a formar parte del patrimonio de la absorbente o nueva sociedad, pues no se trata de una fusión de empresarios, sino de empresas, esto es, de la actividad de cada una de las sociedades. No obstante, será discrecional de las entidades contratantes, aceptar o no, respecto de una sociedad que se haya fusionado la experiencia de las absorbidas para acreditarla como suya, como igual lo será de la Cámara de Comercio para su inscripción en el registro de proponentes, teniendo en cuenta las condiciones que al efecto establece el Decreto 92 de 1998.