Las personas naturales o jurídicas que prestan un servicio relacionado con la ciencia contable, se encuentran sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores. Después de constituida la sociedad de contadores, la misma tiene 90 días para inscribirse en la entidad en mención

Las normas sobre el registro de los beneficios a empleados de una entidad, están incorporadas en el Decreto 2420 de 2015 para las entidades del grupo 1 (Anexo 1, NIC 19), grupo 2 (Anexo 2, sección 28) y grupo 3 (anexo 3, capitulo 11).

El contrato de catering entendido como “el suministro de comidas y bebidas preparadas para los empleados de la empresa contratante”, se encuentra excluido del impuesto al consumo, y está gravado con el impuesto sobre las ventas a la tarifa general de 19%.

La firma del revisor fiscal o del contador en la declaración tributaria certifica que la información contable, a partir de la cual se elaboran dichas las declaraciones, se encuentra conforme a los principios y normas que rigen la contabilidad, y corresponden a la realidad financiera del contribuyente.

La Supersociedades precisa que, al ser la sucursal una extensión de la sociedad extranjera que adolece de personería jurídica, su liquidación se circunscribe a la liquidación de los negocios en el territorio nacional, mediante la venta de los bienes afectos a la actividad realizada en el país por la sociedad extranjera. Por la misma razón, no es posible hablar de disolución, y por ende procede la inscripción de la decisión por parte de la matriz de liquidar los negocios de su sucursal, no de la disolverlos. En consecuencia, a partir de dicha inscripción deberá agotarse en lo pertinente el procedimiento de liquidación establecido en el Código de Comercio (artículos 225 y siguientes) y anunciarse con la expresión “en liquidación». Cabe señalar que podrá designarse como liquidador de una sucursal de sociedad extranjera a un extranjero, siempre y cuando el objeto de la sociedad no consista en un servicio público o en una actividad declarada como de interés nacional, tal como lo señala el artículo 473 del Código de Comercio.

Frente a la figura de la exclusión de socios, la Supersociedades precisa que, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el proceso de cesión de cuotas sociales (artículo 362 y siguientes del Código de Comercio) se trata de una medida excepcional que tiene lugar una vez aprobada por la Junta de Socios la respectiva medida, con el consiguiente reintegro de aportes. Es así que sólo procede bajo los precisos supuestos establecidos por los estatutos, por la legislación especial aplicable a las sociedades de seguridad privada, y adicionalmente, por las reglas generales contenidas en la Circular Básica Jurídica No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, lo que supone la autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades que deberá solicitarse de manera previa al perfeccionamiento de tal reforma, mediante comunicación escrita, y conlleva que las Cámaras de Comercio estén en la obligación de abstenerse de inscribir las reformas estatutarias que no cuenten con el lleno de los requisitos legales.

En el acuerdo 4 del 24 de mayo de 2016 Coljuegos establece que los juegos novedosos realizados por internet corresponden a un servicio de intermediación; en consecuencia, al respecto de estos solo será reconocido como ingreso el neto de la comisión percibida según lo establecido en la NIIF para Pymes.

Cuando una entidad adquiere sus propias acciones debe cumplir con las normas de la legislación comercial, por ejemplo, constituir una reserva con cargo a las utilidades del ejercicio. Adicionalmente, se debe cumplir la legislación comercial cuando existan transacciones que disminuyan su capital.

A partir del 1 de enero de 2017 la utilidad originada por la enajenación de acciones no tendrá la condición de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, por ende, será un ingreso gravable para todos los efectos fiscales.

Las rentas obtenidas por la enajenación de los bonos de carbono podrían enmarcarse en el numeral 5 del capítulo 13 del –CDI– Colombia-Suiza incorporado a la legislación interna mediante la Ley 1344 de 2009; en cuyo caso se tributaría únicamente en el Estado de residencia del enajenante.