El CTCP recuerda que, sin importar su naturaleza, todas las sociedades comerciales cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente de tres mil salarios mínimos deben tener revisor fiscal.
Es necesario revisar los montos correspondientes a activos e ingresos brutos del año inmediatamente anterior, que han sido registrados en los estados financieros y elaborados bajo los marcos técnicos normativos vigentes a esa fecha, con el fin de constatar si la sociedad cumple las condiciones para estar obligada a tener revisor fiscal.
El artículo 262 del Código de Comercio especifica la sanción de ineficacia para los negocios que se celebren contrariando la prohibición de las sociedades subordinadas de tener participación patrimonial en las sociedades que las dirijan o controlen. La imbricación es entendida, en materia de grupos, como la existencia de participaciones recíprocas entre las participes del conglomerado. No solo puede darse este fenómeno entre la matriz y las subordinadas, sino también entre sociedades subordinadas. No obstante, la única que está expresamente prohibida por la ley colombiana es la participación de las subordinadas en el capital de las sociedades que las dirijan o controlen. Así pues, la norma en mención restringe la denominada imbricación societaria, para evitar el desvanecimiento de capital entre las sociedades, la duplicación parcial y ficticia de los aportes de los asociados, y para proteger, en últimas, la prenda general de los acreedores societarios. Para que tenga lugar la imbricación se requiere de una situación de control entre dos sociedades. En esencia, los requisitos para que se presente la imbricación societaria son entonces: i) la existencia de una sociedad matriz; ii) la presencia de una o varias sociedades subordinadas; y iii) que la subordinada participe en el capital de la matriz. Reunidos tales elementos, existe imbricación sin importar si el capital está representado en acciones o partes de interés, y si las mismas fueron adquiridas a títulos gratuito u oneroso.
Las bases de elaboración del presupuesto de la copropiedad difieren de las utilidades para la preparación de los estados financieros de períodos intermedios o de fin de ejercicio. Asimismo, le corresponde a la asamblea de copropietarios aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio y el presupuesto anual de ingresos y gastos de la copropiedad. Cabe señalar que los estados financieros se elaboran aplicando el principio de causación o devengo, mientras que el presupuesto es un resumen de los recaudos y desembolsos en los que incurrirá la copropiedad durante el período. La ejecución presupuestal es un resumen que presenta las diferencias entre el presupuesto proyectado y la ejecución presupuestal. Al final de cada ejercicio el administrador de la copropiedad debe preparar y someter a consideración del Consejo de Administración el informe de ejecución presupuestal, que generalmente presenta las diferencias con el presupuesto aprobado, junto con las respectivas explicaciones de las variaciones más importantes producto de situaciones imprevistas que hayan incidido en forma negativa o positiva en su ejecución.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública no tiene asignado entre sus funciones el elaborar las tablas de honorarios de los contadores públicos. Respecto al tema, la entidad ya se ha manifestado en diversas ocasiones.
Los servicios de televisión e internet por suscripción y telefonía fija pagarán el impuesto en el municipio en el que se encuentre el suscriptor del servicio según el lugar informado en el respectivo contrato; esto, acorde a lo planteado por la Dirección General de Apoyo Fiscal.
En materia cambiaria, la competencia atribuida a la Supersociedades, se limita a la aplicación del régimen sancionatorio, en los términos del artículo 82 de la Ley 222 de 1995, relacionada con el cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera en Colombia, inversión colombiana en el exterior y endeudamiento externo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 1746 de 1991, que se cumple por conducto del Grupo de Régimen Cambiario, regulación que es pertinente revisar para ilustrarse acerca de las sanciones a que haya lugar. De acuerdo con la estructura del referido decreto, las sanciones pueden ascender al 200% del monto de la infracción cambiaria comprobada, la cual, de ser procedente, se aplicará con observancia estricta del debido proceso, previa formulación de un pliego de cargos y valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los objetivos perseguidos por el Régimen de Cambios.
De acuerdo con el artículo 2.2.3.1 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, el pago de las prestaciones económicas derivadas de las incapacidades deberá ser realizado directamente por la EPS, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS. Así las cosas, es claro que la norma determinó los plazos que son perentorios y de obligatorio cumplimiento para que las EPS realicen el pago de las incapacidades médicas, sin que se hayan contemplado excepciones en el cumplimiento de los mismos. No obstante, de presentarse pago extemporáneo, la entidad deberá reconocer los intereses moratorios a que haya lugar y ,de existir controversia entre el empleador y dichas entidades frente a su reconocimiento y pago, será la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad llamada a resolverla.
El CTCP precisa que la aplicación de políticas de pronto pago y acuerdos de pago debe estar documentada en los procedimientos de carácter interno y en las políticas contables de la copropiedad.
La Supersociedades precisa que la casa matriz es la titular de la personería jurídica mientras las sucursales son establecimientos de comercio por medio de los cuales actúa la sociedad, por lo que al no ser persona jurídica no puede ser calificada en ninguna de las categorías de micro, pequeña o mediana empresa. En consecuencia, el tamaño empresarial no está determinado por la situación propia de la sucursal de sociedad extranjera, es decir, por el número de trabajadores, el valor de sus activos o renta anual, sino por el tamaño de la empresa matriz.