Las entidades sin ánimo de lucro se encuentran obligadas a llevar libros de contabilidad y de actas; respecto de la obligatoriedad de inscribirlos o no, se debe verificar si se encuentran obligadas a registrarlos ante la Dian.
Si los estados financieros fueron emitidos con fundamento en otra base de principios, por ejemplo, los contenidos en el Decreto 2649 de 1993, que quedaron sin vigencia a partir del 1 de enero de 2015 (grupo 1 y 3); y 1 de enero de 2016 (grupo 2); dichos estados carecerían de validez, con los efectos previstos en las normas que sobre libros de comercio están contenidas en el Código de Comercio y en otras disposiciones.
Al resolver consulta sobre la posibilidad de solicitar las utilidades de una unión temporal que aún no se ha liquidado, el CTCP precisa que no es permitido distribuir ninguna suma por concepto de utilidades, mientras estas no se hayan justificado con base en el balance del correspondiente ejercicio social, debidamente aprobado por el máximo órgano social, toda vez que antes no exista certeza de que efectivamente habrán utilidades susceptibles de ser distribuidas y cuál será su monto; de ahí que mal podrían repartirse de manera anticipada, so pena de las sanciones que impone la ley. En consecuencia, será decisión conjunta de todos los miembros de la unión temporal, aprobar una distribución anticipada de utilidades, con sujeción a las estipulaciones legales y estatutarias a que haya lugar, considerando además que la unión temporal no constituye una persona jurídica, sino un contrato suscrito entre varias personas naturales o jurídicas para realizar actividades comerciales, por lo que las reglas que determinan su desarrollo deberán pactarse expresamente en dicho documento.
La exoneración del pago de la contribución de energía eléctrica, de que trata el artículo 211 del Estatuto Tributario, se restringe a la actividad principal del contribuyente; si esta actividad se realiza en uno o más inmuebles, los mismos se encuentran cubiertos por el régimen exceptivo.
El IVA de los activos de capital corresponde a una deducción, siempre y cuando, se recupere solo en una parte proporcional dicho valor. Por tal razón, no corresponde a un impuesto recuperable.
Las inversiones de una persona natural que esté obligada a llevar contabilidad deben ser incorporadas en sus informes financieros, sin perjuicio de tener que cumplir requerimientos específicos de las autoridades de supervisión o de otros usuarios. Por otra parte, si la persona natural no puede separar sus bienes personales de la contabilidad de su actividad comercial, y esos bienes han sido adquiridos con recursos derivados de la citada actividad comercial, los bienes personales y los hechos económicos de la actividad comercial deberán estar solamente en la contabilidad de la persona natural.
La liquidación de una sociedad no puede vulnerar los derechos y acreencias laborales, ni la prelación que estas tienen en el proceso de liquidación, ya sea que la relación laboral se haya desempeñado directamente o a través de tercerización, pues la garantía a proteger es constitucionalmente la misma. La disolución de la persona jurídica privada que es objeto de liquidación, y el consecuente cese de su actividad productiva, no puede constituirse en un espacio para el desconocimiento o la vulneración de los derechos de las personas que allí laboraban. Los derechos consagrados en los artículos 25 y 53 de la Constitución Nacional y del derecho al mínimo vital, hacen imperativo que el proceso liquidatorio sea respetuoso de los derechos de los trabajadores. Por esta razón, la crítica situación financiera que pueda enfrentar una empresa no la releva del deber de cumplir con sus obligaciones previamente adquiridas, «por cuanto es obligación de las entidades públicas o privadas el prever con antelación las partidas presupuestales indispensables, que conlleven a la garantía y cumplimiento puntual de las obligaciones laborales». En cualquier caso, si ello no fue previsto, las acreencias laborales deben tener una efectiva prelación frente a las demás deudas asumidas por la empresa y deben ser pagadas conforme a las condiciones pactadas en las convenciones colectivas, si a ello hay lugar.
La Supersociedades señala que si en la sociedad de responsabilidad limitada la administración y representación recae directamente en cabeza de sus socios, amén del precepto contenido en el artículo 358 del Código de Comercio, se habrá de tener en cuenta el régimen de deberes que prevé el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, a cuyo tenor los administradores deben obrar con buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Además, en cumplimiento de sus deberes, estos realizarán los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social de la empresa que representan; deberán, de igual manera, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad, abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas.
Si una firma de contadores realiza algún trabajo de revisoría fiscal, auditoría, revisiones de estados financieros, o trabajos relacionados con cualquier encargo que proporcione un grado de seguridad y servicios relacionado, se debe aplicar la norma internacional de control de calidad No. 1, la cual se encuentra en el anexo 4 del Decreto 2420 de 2015.
Para efectos de la contratación del revisor fiscal, las funciones y responsabilidades de contratista y contratante deben quedar debidamente documentada por escrito y, asimismo, deben establecer las diferentes condiciones bajo las cuales se prestará el servicio. De igual manera, será responsabilidad del revisor fiscal, a través de sus informes, dejar evidencia de las posibles debilidades de control y, de la administración, el evaluar medidas para reducir las posibles amenazas de dichos hallazgos.