La Superintendencia de Sociedades trae a colación el artículo 98 del Código de Comercio, el cual establece que una vez la sociedad sea constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Por lo anterior, la entidad en mención concluye que las obligaciones de un socio fallecido no pueden trasladarse a la sociedad, puesto que estos son pasivos que deben relacionarse en el proceso de sucesión respectivo, el cual se debe iniciar ante notario público o ante un juez de la República por parte de los interesados. Estos últimos, según lo que dispone el artículo 1312 del Código Civil, son el albacea, curador de herencia yacente, herederos presuntos testamentarios o abintestato, el cónyuge sobreviviente, legatarios, socios de comercio, fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito.
La Dian concluye que, aunque la modificación realizada por la Ley 1943 de 2018 al numeral 11 del artículo 879 del ET contenga puntos suspensivos, estos no indican que los incisos segundo y tercero de dicho numeral hayan sido derogados, y por ende se encuentran vigentes dentro del ordenamiento jurídico tributario.
El Minhacienda concluyó que los pagos que realiza el municipio con destino a la conformación del patrimonio autónomo, así como a la financiación y desarrollo de proyectos de vivienda de interés social no estarían sujetos a las retenciones por impuestos municipales, debido a que no se estaría configurando el hecho generador de tributos municipales.
La Superfinanciera reitera que, los honorarios de las juntas de calificación de invalidez u otros gastos en que pueda incurrir una víctima de accidente de tránsito para la obtención del dictamen de pérdida de capacidad laboral no están comprendidos en la cobertura de incapacidad permanente del SOAT prevista legalmente.
Mediante la presente doctrina, la Dian concluye que el Oficio 080835 de 2005 no se encuentra vigente, dado que desde la expedición de dicho concepto a la fecha la temática de diferencia en cambio ha tenido más de dos modificaciones. Por lo anterior en lo relacionado con el ajuste por diferencia en cambio deberá estarse a lo estipulado en el artículo 288 del ET.
La Superintendencia de Sociedades estableció que la no satisfacción del capital suscrito no impide la disolución de la sociedad, ni exonera a los socios del pago del saldo del aporte pendiente a la fecha de adopción de la decisión tomada por parte del máximo órgano social. Cabe resaltar que la entidad en mención también infiere que si al momento de elaborarse el inventario del patrimonio social se establece la carencia de recursos suficientes para realizar el pago de todas las obligaciones de la sociedad disuelta y en estado de liquidación, el liquidador deberá adelantar las acciones legales para obtener de los socios el pago del capital suscrito y no pagado hasta el momento, para con dichos recursos cubrir las acreencias, hasta donde la disponibilidad del recurso lo permita.
DIAN Concepto 008756 Abril 11 de 2019 La Dian concluye que, una sociedad cuyos socios sean residentes en el territorio nacional y empleados de esa misma sociedad, puede pertenecer al régimen simple de tributación en la medida en que se cumplan las demás condiciones legales para ello, pues la ley no estableció limitación al respecto. […]
Mediante la presente doctrina la Dian infiere que a través de las modificaciones introducidas por la Ley de financiamiento al artículo 476 del ET se previó que los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio para la salud humana están excluidos del impuesto sobre las ventas, excepto los tratamientos de belleza y las cirugías estéticas diferentes de aquellas plásticas reparadoras o funcionales.
A través del Concepto 8179 de abril 5 de 2019, la Dian aclaró varios aspectos relacionados con la aplicación de la norma de bancarización contenida en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario –ET–.
Entre dichos aspectos se concluyó, por ejemplo, que el pago a un tercero con autorización del primer beneficiario puede ser reconocido como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable, en tanto se utilicen los canales bancarios mencionados en el citado artículo y se cumplan los requisitos del artículo 107 del mismo estatuto, relacionados con la proporcionalidad y causalidad de las expensas frente a la actividad productora de renta.
Mediante la presente doctrina el CTCP infiere que los estados financieros certificados por parte de un contador público que se encontraba sancionado por parte de la Junta Central de Contadores se considerarán no válidos.