Para la contabilización de los ingresos de actividades ordinarias, las entidades del grupo 1 deberán tener en cuenta lo establecido en la NIIF 15. Por su parte, las entidades del grupo 2 tendrán en cuenta lo establecido en la sección 23, y las del grupo 3 lo establecido en el capítulo 12 del anexo 3 del Decreto 2420 de 2015.
El 27 de abril de 2018 la Dian expidió el Concepto unificado 0481 de 2018, a través del cual la Dian explica las generalidades y los requisitos necesarios para estar sujeto al régimen tributario especial –RTE–, así como todos los criterios para tener en cuenta en aras de que una Esal sea calificada en dicho régimen; el mismo fue reconsiderado en 10 aspectos por la entidad en mención, el 17 de octubre de 2018, mediante el Concepto 30909 del mismo año.
Finalmente, la Dian da a conocer el Concepto 1363 de 2018, por el cual realiza dos adiciones al Concepto unificado 0481 de 2018, en lo relacionado con el alcance del carácter de no contribuyente del impuesto sobre la renta de las iglesias y confesiones religiosas, y cuándo serán consideradas contribuyentes del impuesto sobre la renta las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal.
La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-166255 del 29 de octubre de 2018 infiere que es deber de los acreedores hacer uso del derecho que los asiste en el tiempo oportuno del proceso de reorganización, para que la cuenta por cobrar que tienen con la sociedad sea incluida en el acuerdo de reorganización.
La Supersociedades señala que en los procesos de reorganización se debe conservar toda la documentación correspondiente a la obligación. Finalmente, ante un error en los valores de las obligaciones de pago que tiene la sociedad, es deber de los acreedores solicitar la corrección ante el juez del concurso de reorganización.
Mediante la presente doctrina, el Ministerio del Trabajo concluye que los socios pueden ser trabajadores de la misma sociedad, por lo cual serán las normas societarias, el contrato de sociedad regulado por los estatutos, y los acuerdos de los socios, los que determinen sus competencias, restricciones, derechos y obligaciones.
El CTCP concluye que en el anexo 5 del DUR 2420 de 2015 se encuentra compilado el marco normativo que regula la contabilidad y presentación de información financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha.
El CTCP reitera que el balance certificado es el suscrito con las firmas del representante legal y del contador público de la sociedad. El balance dictaminado es el suscrito por la firma del representante legal, contador público y el revisor fiscal, acompañada de su opinión.
El CTCP concluye que un contrato de arrendamiento se clasificará como de arrendamiento financiero siempre y cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. En caso de que no se presente dicha transferencia, se entenderá como arrendamiento operativo.
El CTCP reitera que la NICC 1 hace alusión a las responsabilidades contraídas por la firma de auditoría en relación con su sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros.
Mediante la presente doctrina el CTCP reitera que, una vez el revisor fiscal realiza actuaciones que van en contra de las funciones establecidas en la ley, se materializará una coadministración por parte del profesional, lo cual va en contra de los lineamientos establecidos en el Código de Ética.
La Superintendencia de Sociedades infiere mediante la presente doctrina que, independientemente del tipo societario que la compañía de economía mixta adopte, esta debe cumplir con la normatividad prevista para los comerciantes en cuanto a libros de comercio se refiere.
Por lo anterior, se concluye que las actas de junta directiva y los documentos de operación de una sociedad de economía mixta se encuentran protegidos por la reserva comercial estipulada en el artículo 61 del Código de Comercio, el cual trata sobre los libros y papeles del comerciante. La Supersociedades también reitera que dichos documentos no pueden ser examinados por personas distintas a sus propietarios o personas autorizadas para ello.