La Superintendencia de Sociedades trae a colación el artículo 407 del Código de Comercio, en el cual se establece que, si en los estatutos se estipulará el derecho de preferencia en la negociación a favor de los accionistas, de la sociedad o de ambos, se deberá indicar los plazos y condiciones dentro de los cuales sus beneficiarios podrán ejercerlo. Cabe resaltar que en cuanto al precio y la forma de pago de las acciones, serán fijados por los interesados o, en su defecto, por peritos designados por la Superintendencia de Sociedades.
Finalmente, reitera lo estipulado en el artículo 135 de la Ley 446 de 1998, en el que se advierte que el dictamen del perito tendrá fuerza vinculante entre las partes.
El CTCP concluye que es función del revisor fiscal impartir las instrucciones necesarias para establecer un control permanente sobre los intereses de la copropiedad.
El CTCP recomienda que el fondo líquido solo se constituya con los recursos efectivamente recaudados, y la parte causada pero no pagada sea reconocida como una cuenta por cobrar del fondo de imprevistos. Cuando sea efectivamente recaudada, llegará a aumentar el fondo líquido.
Actualmente las PH no se encuentran bajo la vigilancia de ninguna entidad, pero están obligadas a registrarse ante las alcaldías municipales e informar quién es su representante legal y quién su revisor fiscal.
El revisor fiscal no tiene la obligación de suministrar información de manera particular a un socio o accionista, puesto que las explicaciones relacionadas con sus funciones solo las debe comunicar ante la asamblea general de accionistas o ante la junta de socios.
El CTCP concluye que el revisor fiscal de una copropiedad únicamente rendirá informes a la asamblea de copropietarios, de manera anual, o cuando este sea requerido en una asamblea extraordinaria.
El CTCP concluye que no existe norma que impida que el revisor fiscal de una cámara de comercio pueda ser un comerciante matriculado y afiliado a esta última.
Se concluye que los partidos, movimientos y organizaciones adscritas a los grupos o movimientos sociales están obligados a llevar contabilidad y clasificarse en los grupos respectivos para la aplicación de los MTN, puesto que estos deben presentar informes públicos y rendición de cuentas ante el CNE.
El representante legal de la entidad es el principal responsable de los estados financieros, y para emitir la certificación correspondiente se apoya en un contador público, quien da fe y certifica que dichos estados financieros han sido elaborados conforme a un marco de información financiera.
Mediante la presente doctrina, la Dian reconsidera 10 aspectos del Concepto unificado 0481 de 2018 de las Esal, dentro de los cuales se encuentran el manejo tributario de las donaciones, las entidades sin ánimo de lucro eclesiásticas, beneficio neto o excedente en las Esal, entre otros.