El CTCP reitera que el nombramiento del contador público es función de la administración de la sociedad, según lo estipulado en los estatutos de la misma. Dicho profesional dependerá jerárquicamente de su nivel superior inmediato.
El CTCP se pronuncia frente a la prohibición señalada en el artículo 215 del Código de Comercio, que hace referencia al ejercicio de la revisoría fiscal en más de 5 sociedades por acciones, sea que quienes las desempeñen lo hagan en calidad de revisores principales o suplentes, indistintamente.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que las contraprestaciones económicas obtenidas por la explotación de bienes comunes son para el beneficio común de la copropiedad, y su destino es subsanar los costos y gastos del edificio.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que los estados financieros consolidados son aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, entre otros acontecimientos de un ente matriz y sus subordinados como si fuesen los de una sola empresa.
En la presente doctrina, el CTCP trae a colación el Concepto 659 de 2018, en el cual concluyó que una sociedad de contadores públicos puede prestar servicios contables y de revisoría fiscal.
El CTCP reitera que la firma de un contador público en los estados financieros supone que estos últimos se ajustan a los requisitos legales y estatutarios, y las cifras revelan en forma fidedigna la situación financiera de la entidad.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante la presente doctrina reitera que en un régimen contable basado en las Normas Internacionales de Información Financiera no es necesario usar planes únicos de cuentas.
La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-133503 del 28 de agosto de 2018 se refirió a las clases de acciones que puede emitir una sociedad anónima que se transformó en una SAS y en sus estatutos no había establecido el tipo de acciones que pueden ser emitidas.
Por lo anterior, la Supersociedades trajo a colación el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008, donde se establece que en los estatutos de las SAS se debe indicar como mínimo “la clase (…) de acciones representativas de capital”, y concluye que las SAS únicamente pueden emitir los tipos de acciones establecidos en sus estatutos.
Cabe resaltar que, en seguridad social, son llamados rentistas de capital aquellos que perciben ingresos provenientes de la explotación de sus bienes, ya sean arrendamientos, dividendos, entre otros. Si dichos ingresos equivalen o superan mensualmente al salario mínimo legal, están obligados a cotizar al sistema integral de seguridad social.
Por otra parte, mediante la presente doctrina la UGPP concluye que los ingresos que provienen de la venta de un bien propio constituyen ganancia ocasional conforme a lo indicado en el artículo 300 del ET y, por ende, generan unas obligaciones fiscales. Sin embargo, dichos ingresos, dado que no provienen del ejercicio de una actividad económica desarrollada por la persona, en materia de seguridad social no dan lugar a la obligación de realizar aportes.
Mediante la presente doctrina, la Dian aclara los artículos del Decreto 390 de 2016 y 2685 de 1999 que se encuentran vigentes, frente a los cambios establecidos por la Resolución 031 de 2018.