El CTCP concluye que el impuesto diferido puede ser de naturaleza activa o pasiva, aclarando que este se genera cuando el valor en libros de los activos y pasivos es diferente a la base fiscal.
El CTCP concluye que la responsabilidad de la elaboración y aprobación de las políticas contables bajo NIIF de las compañías recae sobre la máxima autoridad de la administración o a quien se delegue, y no se requiere de acta de asamblea de accionistas o de junta de socios para su aprobación.
El CTCP hizo énfasis en que los profesionales contables deben analizar los costos de las horas laborales teniendo en cuenta algunos factores, como la complejidad de la actividad realizada, tamaño de la empresa, entre otros. A fin de fijar una tarifa de honorarios acorde con la labor que se contrata.
El CTCP reitera que cualquier responsabilidad del revisor fiscal en relación con el reporte de operaciones sospechosas de corrupción que amerite elevar denuncias, deberán alinearlas con la naturaleza y alcance de la función del revisor fiscal.
El desarrollo de la actividad de asesoría a inversionistas en el mercado de valores posterior a la entrada en vigor del Decreto 661 del 2018 debe ajustarse a las condiciones y requisitos allí establecidos.
En concordancia con lo anterior, los contratos de negocios fiduciarios de inversión y reglamentos de fondos de inversión colectiva suscritos antes de la entrada en vigor del Decreto 661 de 2018, pero ejecutados y con efectos con posterioridad a la misma, deben ajustarse con el propósito de dar cumplimiento a los deberes y obligaciones aplicables al desarrollo de la actividad de asesoría. De igual manera, los contratos de uso de red suscritos entre entidades vigiladas deberán ajustarse a las nuevas disposiciones y, en particular, a las modificaciones introducidas por el artículo 3 del Decreto 661 de 2018.
Mediante la presente doctrina, la Dian trae a colación el Concepto unificado 0481 de 2018, en el cual se les dio respuesta a varios interrogantes sobre el tratamiento tributario de las donaciones recibidas no condicionadas, los egresos improcedentes, pérdidas fiscales y demás.
El CTCP reitera que en la Ley 43 de 1990 y el Código de Comercio se encuentra definida la obligatoriedad de tener revisor fiscal y las funciones de este.
El CTCP reitera que el Decreto 0302 de 2015 es para la aplicación de los profesionales de la contaduría pública que desarrollan actividades de aseguramiento.
El CTCP reitera que cuando los usuarios de los servicios de revisoría fiscal consideran que el profesional prestador del servicio ha puesto en riesgo los intereses de la entidad, estos pueden presentar una queja formal ante el tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores.
El CTCP reitera que en cuanto a la decisión de continuidad de la prestación de servicios de revisoría fiscal a una persona jurídica sobre la cual recae una extinción de dominio como es la del presente caso de consulta, dicha decisión debe ir alineada a las políticas establecidas en la NICC 1.