En virtud del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, solo las sociedades sujetas a vigilancia por parte de la Superintendencia de Sociedades, que vayan a colocar acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y/o acciones privilegiadas, deben obtener autorización previa. Por ende, el contrato de suscripción de acciones ordinarias efectuado por cualquier sociedad comercial no está sujeto a la autorización previa de esta superintendencia.
La Supersociedades trae a colación el artículo 385 del Código de Comercio, en el cual se dispone lo siguiente: “las acciones no suscritas en el acto de constitución y las que emita posteriormente la sociedad serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción”.
El CTCP reitera que los descuentos a los copropietarios con motivo del pago oportuno de las cuotas ordinarias se deben reconocer como un menor valor de los ingresos brutos.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que las entidades del grupo 2, para el año 2016, deberán tener los libros de contabilidad conforme con el Estándar para Pymes vigente a la fecha.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que, en los párrafos 12.15 a 12.25 del Estándar para Pymes se encuentran los lineamentos para aplicar la contabilidad de coberturas. Cabe resaltar que cada entidad es libre de decidir si aplica o no dicha contabilidad.
El CTCP reitera que los ajustes de contabilidad deben realizarse por lo menos de manera mensual y no pueden ser anulados posteriormente, porque se estaría incumpliendo el principio de devengo
El CTCP concluye que el capital asignado de una sociedad colombiana en una sucursal en el exterior no se debe reconocer como inversión en una subordinada. Lo anterior, puesto que las compañías que tienen sucursales deben presentar la contabilidad de la sociedad en Colombia y, además, deben presentar la de las sucursales como un todo.
La Dian indica que, para los gastos incurridos en las etapas de construcción, administración, operación y mantenimiento, el contribuyente debe aplicar el modelo de activo intangible descrito en el artículo 32; mientras que para los gastos propios de la etapa precontractual definida en la L. 80 de 1993, el contribuyente debe aplicar el tratamiento general previsto en el artículo 107 del ET.
El CTCP reitera que el Estándar para Pymes está encaminado únicamente a la presentación de los estados financieros, y no al manejo de los registros contables, por lo cual las entidades pueden hacer uso de cualquiera que sea software mediante el cual se cumplan los criterios de reconocimiento, medición y presentación exigidos.
El CTCP reitera que, hasta la fecha, no se conoce alguna limitante o impedimento legal para que los contratantes vinculen a un revisor fiscal, ya sea por contrato laboral o por prestación de servicios.
Por medio de la presente doctrina se define la naturaleza jurídica de la Dian y de sus unidades administrativas, siendo esta una entidad descentralizada funcional o por servicios.