La Secretaría de Hacienda de Bogotá, planteó definiciones relevantes sobre actividad comercial para la aplicación del impuesto de industria y comercio, en lo relacionado a los dividendos y participaciones recibidos por personas naturales en la jurisdicción del Distrito Capital.

Los contadores públicos que hayan pertenecido al consejo de administración de una copropiedad, podrán postularse como revisores fiscales de la misma, una vez transcurridos 6 meses desde el momento en que haya culminado su labor en cualquier cargo en la copropiedad.

Según los términos descritos en la Ley 675 de 2001, si una copropiedad conforma una persona jurídica diferente de los copropietarios, sus libros y contabilidad deberán ser llevados conforme a las disposiciones legales vigentes.

Según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 675 de 2001, es función de la Asamblea General la aprobación de los Estados Financieros y del Presupuesto anual de la copropiedad.

Para determinar la adecuada contabilización de los costos y gastos de un proyecto de construcción, debe primero establecerse el marco técnico en el que se clasifica la entidad y luego aplicarse los requerimientos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación previstos en dicho marco

La Dian concluye que, las sociedades y entidades extranjeras que tengan uno o más establecimientos permanentes en el país o una sucursal en Colombia, son contribuyentes del impuesto a la renta y complementarios, en relación con las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional.

La Dian reiteró que, «de conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.6. del Decreto 1925 de 2017 el cual estipula la regulación de la celebración de los contratos con terceros, es el contribuyente quien deberá celebrar los contratos necesarios para la ejecución de las obras dentro de los que se encuentran el de gerencia del proyecto y el de interventoría, puesto que así lo menciona el precepto legal».

Para la medición inicial y posterior de los activos biológicos, las entidades del grupo 2 deberán aplicar lo establecido en la sección 34 de la NIIF para Pymes, de la cual se logra concluir que es posible que dichas entidades utilicen el modelo del costo como base de la medición.

Los ingresos deben ser reconocidos en los estados financieros de cada partícipe de la unión temporal, como contractualmente fueron pactados y determinados de acuerdo con la actividad.

Los desembolsos en los que se incurra por las obras realizadas en las propiedades arrendadas, pueden ser capitalizados como un derecho de uso.
Para la contabilización de los arrendamientos, las entidades del grupo 1 deben aplicar lo estipulado en la NIC 17 y NIIF 16.