El tratado de libre comercio entre los gobiernos de Colombia y El Salvador entró en vigor el 1 de febrero de 2010, y para dar aplicación del mismo se emitieron una serie de decretos entre los años 2009 y 2019.
En medio de una reunión del 3 de mayo de 2019 Colombia y El Salvador suscribieron la Decisión n.° 18, a través de la cual se modifica en el numeral 1 el programa de desgravación arancelaria contenido en el anexo 3.4 del tratado de libre comercio. En vista de que es necesario implementar los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia con El Salvador en virtud del tratado de libre comercio entre los gobiernos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante la Decisión n.° 18 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 1830, dando cumplimiento a dichos compromisos.
A través de la presente norma, el Ministerio de Hacienda reglamentó los aspectos relacionados con la retención en la fuente a título de renta y complementario de las personas naturales y los retiros de aportes a fondos de pensiones de jubilación o invalidez y a cuentas de ahorro AFC y AVC.
Cabe resaltar que en cumplimiento de la norma contenida en la nueva versión del artículo 55 del ET, modificado por el artículo 23 de la Ley de financiamiento 1943 de 2018, el Decreto 1808 de 2019 establece que los aportes obligatorios al sistema general de pensiones serán tratados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, mientras que los aportes voluntarios solo serán tomados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para el aportante hasta un monto que no exceda el 25 % del ingreso laboral o anual tributario, y que no supere el equivalente a 2.500 UVT ($85.675.000).
Dentro de los cambios efectuados por la presente norma, es preciso destacar la modificación aplicada a la depuración de la base de cálculo de la retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta percibidos por las personas naturales por conceptos como el de rentas de trabajo.
A través de la presente norma, el Ministerio de Salud y Protección Social incluyó el sistema general de pensiones y el de subsidio familiar al sistema de afiliación transicional –SAT–.
Así pues, esta nueva normativa determinó que, mediante el SAT, el Minsalud podrá registrar, reportar y consultar en tiempo real los datos de información básica y complementaria de los afiliados, la afiliación y sus novedades en el sistema de seguridad social integral y el de subsidio familiar. A su vez, dispone que los empleadores deberán realizar la afiliación y el reporte de novedades de sus trabajadores a dichos sistemas mediante el SAT.
A través de la presente norma, el Ministerio de Hacienda reglamentó los aspectos relacionados con la exclusión y exención del IVA de bienes importados y comercializados en Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, bienes de los que trata el artículo 272 de la Ley 1955 de 2019.
Así pues, fijó los controles tributarios y aduaneros al momento de la aplicación de la exención y exclusión en mención, así como estableció los documentos soporte necesarios para la solicitud de la devolución o compensación del IVA de los productores de bicicletas, motocicletas y motocarros comercializados en estos departamentos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 de 2010, les corresponde a las administradoras del sistema general de pensiones proporcionarles a los afiliados información completa acerca de la posibilidad de obtener la pensión especial de vejez por un hijo o hija en condición de discapacidad, esto en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Igualmente, deben informar sobre la existencia de una pensión de vejez a cualquier edad, con la suficiencia de capital a la que hace referencia el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, y de las prestaciones sustitutas en caso de no obtener pensión.
Por lo anterior, el Gobierno nacional emitió el Decreto 1719 de 2019, mediante el cual reglamentó el inciso 2 del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en lo relacionado con la pensión especial de vejez por hijo(a) en condición de discapacidad, estipulando así tres requisitos fundamentales que deben cumplir los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad para acceder a dicha pensión. A su vez se pronunció frente a la redención anticipada del bono pensional y las causales de suspensión de la pensión especial de vejez.
La Ley de financiamiento 1943 de 2018, a través de su artículo 79, modificó al artículo 235-2 del Estatuto Tributario –ET–, otorgándoles el beneficio de renta exenta por un período de siete (7) años a las empresas de la llamada “economía naranja” que obtengan ingresos provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, para lo cual deberán cumplir los requisitos descritos en el numeral 1 del mencionado artículo 235-2 del ET.
Ahora bien, por medio del Decreto 1669 de 2019, el Ministerio de Hacienda reglamentó los incentivos tributarios que aplicarán para las empresas de economía naranja, realizando de esta forma aclaraciones que serán tenidas en cuenta por las sociedades que opten por acogerse a este beneficio, como son la cantidad mínima de empleados y el monto mínimo de inversión con el que deberán contar las sociedades del régimen ordinario que aspiren al beneficio.
Modificaciones relacionadas con los programas de becas y el proceso para acceder a los mismos.
El Ministerio del Trabajo expidió la reglamentación correspondiente al retiro de cesantías para financiación de vivienda, por terminación del contrato de trabajo, por sustitución del empleador, por llamamiento a prestar servicio militar, para educación, para compra de acciones de propiedad del estado. También reglamentó el traslado de cesantías entre administradores de fondos de cesantías o entre estas y el Fondo Nacional del Ahorro.
Cabe resaltar que la presente norma rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona tres parágrafos y dos artículos al Decreto 1072 de 2015, Decreto único reglamentario del sector trabajo.
De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo por la vigencia 2018 – 2022, el Gobierno nacional se ha planteado como estrategia para el logro de los objetivos en materia de vivienda social la continuidad del programa “Mi Casa Ya”, para lo cual el Ministerio de Vivienda expide el Decreto 1533 de 2019. A través de este decreto el ministerio efectúa ajustes relacionados con la vigencia del subsidio y la del programa.
La presente norma también estipula las condiciones en que operará la concurrencia del subsidio familiar de vivienda, en aras de establecer criterios de acceso más favorables para los hogares vulnerables a los cuales está dirigido el beneficio. A su vez, aclara que el avalúo de los bienes fideicomitidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.7.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015 debe realizarse por un avaluador inscrito en el registro abierto de avaluadores –RAA–, de conformidad con lo establecido en la Ley 1673 de 2013.
A través de la sesión 313 del 19 de diciembre de 2018, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó adoptar en el arancel nacional los cambios realizados a la nomenclatura “Nandina” mediante Decisión 834.
En la misma sesión, el Comité encomendó desdoblar las subpartidas arancelarias 0301.11.00.00, 0302.89.00.00, 0302.92.00.00, 0303.89.00.00, 0304.49.00.00, 0304.59.00.00, 0304.89.00.00, 0304.99.00.00, 0308.90.00.00, 8415.10.90.00, 8415.81.90.00, 8415.82.30.00 y 8415.83.90.00. Por tanto, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1515 para oficializar dichas recomendaciones.
Cabe resaltar que esta norma entrará en vigor quince (15) días después de su publicación en el diario oficial, y modifica parcialmente al artículo 1° de los decretos 2153 de 2016 y 1563 de 2017.