Minhacienda hace público el presente decreto, mediante el cual se especifican los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas que sean comercializados en el Amazonas, Guainía y Vaupés, con la condición de que dichos bienes sean registrados, utilizados y consumidos en los departamentos antes citados. El proceso de registro es exclusivo para las motocicletas y motocarros.
Para efecto de la exclusión del impuesto sobre las ventas de los bienes contemplados en el numeral 13 del artículo 424 del ET “[…] alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción; bicicletas y sus partes; motocicletas y sus partes; y motocarros y sus partes”, por medio de decreto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ofrece su definición y precisa el control tributario y aduanero con el que deberá cumplir el importador, por ejemplo, expedir factura o documento equivalente, inscripción en el RUT y especificar que la importación es para consumo en los departamentos beneficiarios de la exención.

Mediante el presente decreto, se realizan adiciones al Decreto 2555 de 2010, “en lo relacionado con planes de resolución y mecanismos de coordinación, y se dictan otras disposiciones”.
Por lo anterior, para el cumplimiento de los planes de resolución, el Ministerio de Hacienda y Crédito público formula en el presente decreto, los mecanismos de coordinación y orientación entre las autoridades competentes o relacionadas con la materia.
Cabe resaltar que los planes de resolución son documentos que prevén la estrategia, recursos, guía de acción y los procesos adoptados por las entidades vigiladas por la Superfinanciera y que a su vez se vean obligadas en elaborarlos y presentarlos; por lo cual se crea la comisión intersectorial de resolución, la cual estará integrada por dos funcionarios de la Superfinanciera y dos funcionarios del Fogafín.

El artículo 7 de la Ley 56 de 1981, asignó al gobierno nacional la labor de fijar la proporción en que debe ser distribuido el impuesto de industria y comercio –ICA–, el cual debe ser pagado por la entidad propietaria de las obras.
El Ministerio de Minas y Energía establece la proporción en que debe distribuirse el ICA en el municipio del área de influencia de la Central Hidroeléctrica San Miguel, propiedad de la Central Hidroeléctrica San Miguel SAS ESP, determinándose así una proporción del 20,207% para San Francisco, y el 79,793% para San Luis, en la distribución del impuesto en mención.

Mediante decreto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo incorpora las recomendaciones de la sesión 308 de 2016 del Comité de asuntos aduaneros, arancelarios y de comercio exterior, en la que se estableció modificar el arancel de aduanas, en lo referente a desdoblar varias subpartidas arancelarias relacionadas con los productos de plásticos, tejidos y/o fibras en algodón y tejidos y/o fibras sintéticas.
Otra medida incorporada por medio del presente decreto es la creación de una nota complementaria nacional en el capítulo 39 del arancel de aduanas, donde se definen las películas termoencogibles.

El artículo 7 de la Ley 56 de 1981 asignó al gobierno nacional la labor de fijar la proporción en que debe ser distribuido el impuesto de industria y comercio –ICA–, el cual debe ser pagado por la entidad propietaria de las obras.
El Ministerio de Minas y Energía establece la proporción en que debe distribuirse el ICA al municipio del área de influencia de la Pequeña Central Hidroeléctrica Morro Azul, propiedad de la empresa Risaralda Energía S.A.S E.S.P, determinándose así una proporción del 70,64 % para Belén de Umbría y para Anserma el 29,36 % en la distribución del impuesto en mención, equivalentes a 10.1225 kilovatios para ambos municipios.

El Ministerio de Salud y Protección Social faculta a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –Adres– para que con previa delegación adelante la compra directa de medicamentos, insumos y dispositivos no cubiertos en el plan de beneficios de salud para el régimen contributivo; para ello le corresponderá a la misma ordenar el gasto y adelantar los pagos.
Dentro de los objetivos y funciones de la Adres están: administrar los recursos del sistema, reconocer y desembolsar los pagos de los recursos del aseguramiento en salud, realizar pagos directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud y adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes del sistema.

Es función del gobierno nacional determinar los niveles adecuados de capital para los conglomerados financieros, considerando las actividades de las entidades que lo conforman y los riesgos a los que estas se enfrentan.
Por lo anterior, el Gobierno establece las normas necesarias con el propósito de adecuar la regulación en materia de gestión de riesgos y niveles adecuados de capital. El nivel adecuado de capital hace referencia a que el patrimonio técnico del conglomerado financiero no puede ser inferior a su patrimonio adecuado, en caso de que sea inferior, el holding financiero determinará e informará a la Superintendencia Financiera la forma en que será corregido.

Para el cumplimiento de los compromisos pactados en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, fue necesario generar condiciones jurídicas para el desarrollo de proyectos productivos de carácter agropecuario, acuícola, pesquero, y demás, a los que se vincule a las víctimas en el registro único de víctimas, a los beneficiarios del programa de reincorporación y a los beneficiarios del programa relacionado a la sustitución de cultivos ilícitos.

En virtud del derecho a la libre asociación, se debe establecer la adjudicación directa derivada de los programas especiales de dotación de tierras cuando se trate de asociaciones u organizaciones cooperativas con enfoque agropecuario, siempre y cuando sus integrantes cumplan con las condiciones para ser beneficiarios del ordenamiento social de la propiedad.
Por lo anterior, se adiciona el siguiente parágrafo: “Para efectos de lo dispuesto en este título y demás programas especiales de dotación de tierras que establezca el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Tierras podrá proceder a la adjudicación directa a asociaciones o a organizaciones cooperativas”.

El 30 de abril de 2018 el Departamento Nacional de Planeación publicó el Decreto 744, mediante el cual define que los recursos del sistema general de regalías –SGR– podrán ser utilizados para que los departamentos costeen medicamentos no incluidos en el POS, para que las entidades territoriales capitalicen EPS en las que tengan participación, y para que los municipios culminen el saneamiento de sus deudas del régimen subsidiado anteriores al 2011.
Los departamentos, distritos y municipios que deseen utilizar dichos fondos, deberán presentar su solicitud al respectivo Órgano Colectivo de Administración y Decisión –OCAD–, órgano que también será responsable de evaluar la viabilidad de los proyectos.