A través del presente Decreto, se priorizan 53 municipio para la ampliación de la cobertura del programa de protección social al adulto mayor “Colombia Mayor”; dichos municipios pertenecen a las ZOMAC, a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y al PNIS, por ello son municipios prioritarios.
A través de la presente doctrina, firmada por los ministros de hacienda y minas y por el director de planeación, se realizó una operación de contracrédito, con la cual se ajusta el presupuesto de regalías del bienio 2017-2018 en 664.000 millones de pesos.
Dicha doctrina implica que se trasladen los recursos del fondo de desarrollo regional –FDR– a las regiones que reciben asignaciones directas, por ser productoras. Cabe resaltar que el FDR es la bolsa para financiar los proyectos regionales, independiente de si las regiones tienen o no explotación del subsuelo en sus territorios.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el decreto 719 de 2018, reglamenta la distribución del IVA de licores, vinos, aperitivos y similares, cedidos a los departamentos; dicha distribución se llevará a cabo proporcionalmente a la participación que tenga cada departamento en el total de la población asegurada en el régimen subsidiado de salud.
Para el calculo de los recursos a ceder para cada departamento, se tomará la totalidad del recaudo proyectado del IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares; se le aplicará el 75% para aseguramiento con giro a la Adres, y el 25% será girado a las direcciones territoriales de salud.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público modifica el Decreto 2555 de 2010, con el fin de hacer más eficiente la dispersión de los subsidios, especialmente los destinados a familiar inscritas en el programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS–, las cuales han tenido falencias en sus cuentas de ahorro electrónicas, que imposibilitan a los beneficiarios cobrar el monto total del subsidio.
Cabe resaltar que el PNIS es considerado uno de los principales mecanismos de implementación de los acuerdos finales para la terminación del conflicto armado en Colombia.
Mediante el presente decreto, el Ministerio del Trabajo creo el sistema de certificación electrónica de tiempos laborados –Cetil–, a través del cual se expedirán todas las certificaciones de tiempos laborados y salarios por parte de las entidades públicas y privadas, que ejerzan funciones públicas o cualquier otra entidad que deba expedir certificaciones de tiempos laborados o cotizados y salarios, con el fin de ser aportadas a las entidades que reconozcan prestaciones pensionales a través del diligenciamiento de un formulario único electrónico, así como para la elaboración de cálculos actuariales.
El Ministerio de Salud y Protección Social, a través del presente decreto, pretende: “establecer los criterios de evaluación que realice el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud –IETS– con el fin de determinar el valor terapéutico de los nuevos medicamentos que servirá de insumo a la Comisión Nacional del Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos para lo de su competencia”.
Cabe resaltar que, los interesados en tener el registro sanitario de medicamentos nuevos deberán, en primera instancia, presentar un documento técnico donde se evidencie un análisis comparativo de seguridad y efectividad del nuevo medicamento.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones evidenció que la revisión de las políticas e intervenciones públicas en el contexto de la economía digital requiere de la coordinación del sector público, con participación del sector privado, la sociedad civil y la academia. Por ello, le da cabida a la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital –Cided–.
El objetivo principal del Cided es coordinar, orientar y articular las funciones y actividades socioeconómicas habilitadas por las TIC, potenciando así la economía digital de Colombia.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural identificó las barreras de acceso al fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario –Finagro–, creado bajo la Ley 16 de 1990. Por su parte, en el artículo 2.1.2.2.8 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el Decreto 2179 de 2015, se añaden requisitos que hacen complejo y más costoso el otorgamiento del crédito, por lo dispendioso del proceso de estudio por parte de las entidades financieras. Por lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural modifica dicho artículo, en lo relacionado con la definición y calificación de pequeño productor para los fines de la Ley 16 de 1990.
La persona que es accionista única de una sociedad por acciones simplificada –SAS–, se presume como su matriz o contratante y, con el fin de simplificar los trámites que deben adelantar los empresarios, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establece una medida que busca facilitar la inscripción de la situación de control. Por ende, al momento de inscribir una SAS en el registro mercantil, en la que el único accionista es una persona natural, simultáneamente se realiza la inscripción de su situación de control de la sociedad.
Por el cual se deroga el capítulo 2 del título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, donde se establecían las entidades que ejercían control y vigilancia en la tercerización laboral ilegal.