Mediante la presente norma, el gobierno nacional busca incentivar a las empresas para que entreguen información de los trabajadores, para la fijación de la cuota mínima de aprendices del Sena.
Por lo anterior, y gracias al Decreto 1334 de 2018 el empleador se encuentra habilitado para presentar ante el Sena la información de la variación del número de empleados en los períodos comprendidos entre julio y enero, o mazo y septiembre. De igual manera, al empleador le es permitido aumentar voluntariamente el número de aprendices, siempre y cuando no se haya reducido el número de empleados de la empresa en los últimos 3 meses antes de la solicitud, y no se reduzca la nómina durante la vigencia de los contratos de aprendizaje, en las siguientes proporciones:
Empresas entre 15 y 50 empleados: hasta el 40% del número total de empleados de la respectiva empresa.
Empresas entre 51 y 200 empleados: hasta el 30% del número total de empleados de la respectiva empresa.
Empresas con más de 200 empleados: hasta el 20% del número total de empleados de la respectiva empresa.

El Ministerio de Salud y Protección Social identifica la necesidad de regular el procedimiento de revisión periódica de la incapacidad por parte de las EPS, el momento de calificación definitiva y las situaciones de abuso del derecho que generen la suspensión del pago de dichas incapacidades que superen los 540 días continuos.
Por lo anterior, se emite el Decreto 1333 de 2018, por el cual se reglamenta el procedimiento de revisiones periódicas de las incapacidades por enfermedad general de origen común por parte de las EPS y, a su vez, se regula el reconocimiento y pago de incapacidades superiores a 540 días por parte de las EPS en tres casos: cuando haya un concepto favorable de rehabilitación, cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad que originó la incapacidad, y por último, cuando se haga necesario prolongar el tiempo de recuperación.

Por el cual se reglamenta el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Con el presente decreto, se reglamenta el pago de la cotización, mes vencido, al Sistema de Seguridad Social, así como la retención de los aportes a quienes celebren un contrato de prestación de servicios personales. Por lo anterior los contratantes de trabajadores independientes cuya relación se configure a través de un contrato de prestación de servicios personales, deberán al momento del pago, efectuar la retención y giro de los aportes a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes –PILA–. La suma a retener por los contratantes públicos y privados será la que resulte de aplicar al Ingreso Base de Cotización –IBC– los porcentajes definidos en las normas vigentes para salud, pensiones y riesgos laborales. También es responsabilidad del contratante que está realizando la retención, reportar a través del mecanismo de recaudo PILA las novedades de inicio, suspensión o terminación del contrato y las demás que afecten el recaudo.
Cabe resaltar que el ingreso base de cotización del trabajador corresponde mínimo al 40 % del valor mensual de cada contrato y máximo a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El Ministerio de Minas y Energía emitió el Decreto 1262 de 2018, por el cual se modifica el inciso cuarto del artículo 2.2.6.2.7., capítulo 2 del título VI de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1073 de 2015 único reglamentario del sector administrativo de minas y energía.
Dicho artículo quedará de la siguiente manera:
“Artículo 2.2.6.2.7.
(…)
Dicho factor multiplicador depende del nivel internacional de precios del petróleo crudo, que variará en función de un rango que tomará como valor mínimo y máximo aquellos que sean fijados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía. En caso de que el precio promedio BRENT sea inferior al valor mínimo del rango o sea superior al valor máximo del rango, de acuerdo con los valores que anualmente determine el Ministerio de Minas y Energía, dicho factor será igual a cero (O).
Para los proyectos de más de un (1) año de ejecución, el rango de precios fijado para obtener el factor multiplicador será el mismo que se usó en la distribución inicial de CERT del año en que fueron presentados.”

Modificación en las plantas de cargos docentes y directivos

La tasa de inspección y vigilancia fue reglamentada mediante la Ley 488 de 1998, por la cual se estableció, que las entidades de derecho público o privadas y las entidades sin ánimo de lucro cuya inspección y vigilancia corresponda a la Superintendencia Nacional de Salud, cancelarán una tasa anual destinada a garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la Superintendencia respecto de tales entidades.
Cabe resaltar que se encuentran exoneradas del pago de dicha tasa, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES–, las beneficencias y loterías, los hospitales universitarios, las empresas sociales del Estado y las instituciones prestadoras de servicios de salud que se encuentren acreditados en los términos del Decreto 903 de 2014. El gobierno nacional estableció en 30.400 millones de pesos los costos de inspección y vigilancia para la vigencia fiscal 2018.

El MinCIT, mediante el presente decreto, busca que sean aplicados los compromisos arancelarios asumidos en el tercer protocolo adicionado al Acuerdo de complementación económica n.° 49, suscrito entre las repúblicas de Colombia y Cuba.
Cabe resaltar que en el tercer protocolo se profundizan las preferencias arancelarias ya negociadas, se incluyen preferencias a productos nuevos y se regulan otros asuntos de interés para el comercio bilateral. La presente norma entra en vigor a partir de que la Secretaría General de la ALADI reciba las notificaciones de las partes, donde se comunique el cumplimiento los requisitos internos para la incorporación a su legislación interna del tercer protocolo adicional al Acuerdo de complementación económica n.° 49

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el decreto “Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria, para reglamentar la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto de renta por exportación de hidrocarburos y dictar normas sobre retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas”.

Por el cual se crea la Comisión intersectorial para el desarrollo de la economía digital